Ética, justicia y una reconciliación pendiente

Chile mantiene una deuda que no es solo política ni jurídica, sino esencialmente ética. Durante décadas, el país no ha logrado resolver de manera coherente su pasado reciente. No lo hicieron las Fuerzas Armadas al término del régimen militar; no lo logró la clase política durante la transición; tampoco la sociedad fue capaz de construir un consenso moral suficientemente amplio. Ese vacío terminó siendo ocupado por la justicia.

Pero no por una justicia ordinaria y plenamente garantista, sino por un mecanismo excepcional, inspirado en experiencias comparadas y reconocido incluso por exautoridades políticas de otros países: normas procesales obsoletas, criterios probatorios extraordinarios y ficciones jurídicas utilizadas de manera sistemática para suplir la ausencia de prueba directa individual. Lo que comenzó como excepción terminó transformándose en mecanismo permanente.

Así, el Poder Judicial asumió un rol que excedía su función natural. No solo juzgó responsabilidades individuales, sino que intentó cerrar simbólicamente un conflicto histórico que la política fue incapaz de resolver. El resultado ha sido una justicia percibida por amplios sectores de la ciudadanía como selectiva, retrospectiva y desproporcionada. No es casual que hoy el sistema judicial registre una de las peores evaluaciones ciudadanas entre todas las instituciones del país, ubicándose consistentemente en los últimos lugares de las encuestas de confianza.

Desde antiguo, la reflexión moral y jurídica ha advertido que la validez de una sentencia no se agota en su corrección formal. Ya en Aristóteles la justicia no se entendía como aplicación mecánica de la ley, sino como prudencia orientada al bien común, capaz de corregir la norma cuando su rigidez produce resultados injustos. Siglos después, Tomás de Aquino insistiría en que una ley que pierde de vista la equidad deja de obligar en conciencia. La experiencia histórica del siglo XX confirmó ese límite: sistemas jurídicamente impecables fueron capaces de producir graves injusticias cuando confundieron legalidad con legitimidad. Por eso, cuando el derecho se aplica medio siglo después, bajo estándares excepcionales y con resultados percibidos como desproporcionados, la pregunta ya no es solo jurídica, sino moral. La justicia comienza a perder autoridad cuando deja de ser reconocida como razonable por la comunidad a la que dice servir.

En ese contexto, cuando el derecho se aplica cincuenta años después y concluye en indemnizaciones millonarias, donde una parte relevante termina en manos de estudios jurídicos, el sentido reparador se diluye. Para muchos ciudadanos, ello deja de percibirse como justicia y comienza a entenderse como venganza, prevaricación, negociado o trampolín profesional. En cualquier caso, difícilmente como justicia.

La paradoja se profundiza al constatar que, mientras personas que ejercieron violencia armada contra el Estado fueron beneficiadas en su momento con medidas de gracia y hoy se encuentran en libertad, numerosos exuniformados permanecen privados de libertad bajo estándares jurídicos que ya no existen en el ordenamiento vigente. Sin negar responsabilidades individuales ni relativizar delitos, la asimetría resulta éticamente insostenible si no existe un marco político explícito de reconciliación que la explique y la legitime.

Más grave aún es que este cuadro no se limite a conductas individuales aisladas. Cuando la judicatura comienza a exhibir patrones reiterados de vínculos impropios, beneficios personales, viajes, pagos, colusiones u otras prácticas incompatibles con la función jurisdiccional, y frente a ello no se activan mecanismos eficaces de control, investigación interna ni responsabilidades institucionales claras, el problema deja de ser disciplinario y se vuelve estructural. Una justicia que no corrige, que no sanciona con oportunidad, que no asume errores ni produce cambios de rumbo visibles, corre el riesgo de transformarse en un sistema de autoprotección. En ese escenario, la permanencia en el cargo parece depender menos de la idoneidad ética que de la ausencia de acusaciones formales, generando una contención tácita donde todos observan, pocos investigan y nadie asume responsabilidades. Esa inercia no solo erosiona la confianza pública: compromete la credibilidad misma del Estado de Derecho.

Este déficit ético se expresa también en decisiones penitenciarias recientes. En lugar de avanzar hacia estándares carcelarios más humanos y acordes con la dignidad de personas privadas de libertad de avanzada edad, el Estado ha optado por desmantelar condiciones existentes en recintos como Punta Peuco. Se ha insistido en mezclar internos octogenarios y nonagenarios —reos que, durante años, no han protagonizado conflictos internos, enfrentamientos, actos de violencia ni intentos de fuga, y que no registran tráfico de drogas, armas o corrupción carcelaria— con población penal común, incluyendo delincuentes sexuales, en un espacio donde concurren regularmente menores de edad a visitas familiares. Asimismo, se han eliminado instalaciones básicas, como bibliotecas y espacios de lectura construidos por los propios internos, que cumplían una función terapéutica evidente para personas mayores, muchas de ellas enfermas y dependientes. La pregunta que surge no es retórica ni ideológica: ¿puede un Estado que agrava deliberadamente las condiciones de encierro de personas ancianas, enfermas y no peligrosas sostener que actúa conforme a la dignidad humana? La experiencia histórica y la doctrina internacional han advertido reiteradamente que el deterioro intencional de las condiciones de detención, especialmente cuando afecta la salud física y psíquica, se aproxima peligrosamente a formas de trato cruel, inhumano o degradante. Nivelar hacia abajo, en vez de mejorar el sistema penitenciario en su conjunto, no constituye justicia ni resguardo de derechos humanos; constituye una forma de castigo simbólico incompatible con los principios que el propio Estado dice proteger.

Todo lo anterior revela un problema de fondo. Chile judicializó su pasado porque no fue capaz de resolverlo éticamente como comunidad política. Confundió culpa histórica con responsabilidad penal y delegó en los tribunales una tarea que requería deliberación democrática, prudencia moral y coraje político. El resultado no ha sido reconciliación, sino la administración prolongada del conflicto.

Desde esta perspectiva, el gobierno que se inicia en marzo enfrenta una tarea compleja y largamente postergada. No para satisfacer a un grupo particular, sino para devolver legitimidad al sistema frente a la mayoría de los chilenos. Ello implica reafirmar un principio básico y muchas veces olvidado: los Derechos Humanos son de todos, sin distinción, sin selectividad y sin instrumentalización política. Abordar esta deuda no es una concesión ni una señal de debilidad. Es una obligación ética y republicana.La reconciliación pendiente de Chile no es solo jurídica ni política. Es ética. Y ningún gobierno que aspire a representar a la mayoría puede seguir eludiéndola sin profundizar la desconfianza y la fractura social.

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile

Mg. Ciencias Militares