Estatizar la luz: cuando la utilidad pública debe prevalecer sobre el abuso privado

En Chile, hablar de la luz ya no es un asunto técnico ni económico: es un problema de dignidad. La electricidad, un bien esencial para la vida diaria, se ha convertido en un espacio de abusos permanentes por parte de empresas privadas distribuidoras que lucran con un derecho básico, transformando lo que debería ser servicio en negocio, y lo que debería ser justicia en sometimiento.

Los constantes incrementos tarifarios, la opacidad en la fijación de precios, las boletas incomprensibles y el castigo a las familias más vulnerables no son hechos aislados: son síntomas de un modelo donde la utilidad privada se ha puesto por encima de la utilidad pública. La luz no es un lujo: es la condición mínima para estudiar, trabajar, cocinar, para que un país funcione y progrese.

La situación reciente en las regiones de O’Higgins y Maule es un ejemplo indignante: tras despedir a la empresa que tomaba los estados de consumo, las cuentas se “aproximaron” a los valores de meses anteriores, generando un aumento exponencial en las boletas de luz. Frente a la molestia de la población, que incluso debió hacer filas interminables en las oficinas, la “solución” ofrecida fue repactar con cargo a las próximas boletas. Un mecanismo que no resuelve el abuso, sino que lo extiende en el tiempo, golpeando con especial crueldad a los más desvalidos, a quienes sobreviven con el salario mínimo o con una pensión insuficiente. Vergonzoso.

Es decir; ¿ Los usuarios deben pagar la inoperancia de no tener un plan de acción frente al despido de la empresa que tomaba los estados de la luz ? ¿ Es caso fortuito esta situación o algo imposible de superar ?

La respuesta es no y la solución fue exprimir a la gente hasta mas no poder y ofrecerles soluciones convenientes pero solo para el gerente que tomó la desicion sentado en su escritorio.

Por eso, frente a los abusos, la respuesta no puede seguir siendo resignación. La Constitución reconoce que la propiedad privada cede ante la utilidad pública. Y pocas cosas son más públicas que el acceso justo y universal a la electricidad. Estatizar las empresas eléctricas no significaría retroceder al pasado ni matar la “competitividad” como algunos sectores empresariales pretenden sembrar en la opinión pública. Al contrario, devolvería al Estado la capacidad de garantizar precios justos, trato digno y un servicio que responda a la gente y no a los balances de unos pocos.

Un Chile que se atreve a poner freno a los abusos de las eléctricas no se debilita: se fortalece. Ganaría respeto internacional al mostrar que la competencia y la inversión no están reñidas con la justicia social. Porque no hay país verdaderamente competitivo si lo es a costa de precarizar a su pueblo.

La electricidad debe volver a ser lo que siempre debió ser: un bien común, administrado bajo criterios de equidad, transparencia y justicia. Estatizar no es castigar, es corregir. No es ideología, es sentido de realidad. Y es, en definitiva, una apuesta por un Chile que se respeta a sí mismo y que no acepta que la oscuridad de los abusos pese más que la luz de la dignidad.

Su excelencia el Presidente de la República, ¿sabrá lo que está sucediendo?

Carlos Patricio Suárez Gaete

Abogado