Errores técnicos, responsabilidades políticas

La acusación constitucional recientemente presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, vuelve a situar en el centro del debate una cuestión esencial para la calidad de nuestra institucionalidad: la diferencia (y al mismo tiempo, la estrecha relación) entre el error técnico y la responsabilidad política.

En teoría, un error metodológico en la fijación de tarifas eléctricas podría entenderse como una falla administrativa. Sin embargo, esto ha traído -en la práctica- consecuencias directas y medibles: Millones de hogares pagando exceso por un servicio básico; pequeñas empresas que ven encarecidos sus costos; y una ciudadanía que siente, una vez más, que la ineficiencia pública se traduce en perjuicios concretos para su economía familiar.

La función pública no se mide solo por la ausencia de corrupción, sino también por la diligencia, eficiencia y eficacia con que se ejercen las competencias. Hablamos no solo de un imperativo moral, sino que también de un estándar exigible conforme mandata nuestras Constitución y nuestras normas.

Cuando un error administrativo alcanza a millones de personas, deja de ser un asunto técnico para transformarse en una cuestión política y constitucional. Recordar esta distinción -y su límite- es fundamental para fortalecer un Estado que no solo responda formalmente, sino que sea verdaderamente responsable ante sus ciudadanos, como merecen.

Ignacio Tobar Pincheira

Licenciado en Derecho