Eliminación de la UF: populismo legislativo sin costos políticos

Está pronto a su votación, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que busca eliminar la UF, con la recomendación de la Comisión de Economía de rechazar el articulado. En los últimos meses, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados ha debatido el proyecto de ley que busca prohibir el uso de la Unidad de Fomento como mecanismo de reajustabilidad en contratos de arriendo, salud, educación y créditos hipotecarios. El texto, impulsado por un grupo de parlamentarios del oficialismo, pretende —según sus autores— corregir los efectos negativos que la reajustabilidad en UF tendría sobre las familias chilenas. Sin embargo, la discusión sostenida en la Comisión revela que el proyecto no solo carece de sustento técnico, sino que además constituye una peligrosa muestra de populismo legislativo en plena época electoral.

La eliminación de la Unidad de Fomento supone un grave retroceso en materia de estabilidad financiera. Este instrumento permite aislar los contratos de largo plazo del riesgo inflacionario, posibilitando, por ejemplo, que el crédito hipotecario se otorgue en condiciones de menor tasa real y mayor previsibilidad. Sustituir la UF, como plantea el proyecto, incorporaría necesariamente una prima por riesgo inflacionario y otra por incertidumbre, elevando el costo del financiamiento y reduciendo los plazos ofrecidos por las entidades financieras. Tal como advirtió la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, el problema de fondo no radica en la existencia y uso de la UF, sino en la persistencia de la inflación. En definitiva, suprimir la indexación no elimina el riesgo inflacionario; solo lo traslada a los hogares y al sistema crediticio.

Con todo, la evidencia técnica parece tener escasa incidencia frente a ciertas convicciones políticas. Ni los autores de la moción ni la figura presidencial del oficialismo —quien también manifestó su respaldo al proyecto— han considerado relevante el diagnóstico del Banco Central o de la Comisión para el Mercado Financiero. Resulta evidente que el atractivo de medidas de alto rendimiento simbólico supera con creces las consideraciones sobre su consistencia económica. En definitiva, el debate ya no se libra en torno a la eficiencia del instrumento, sino a su conveniencia y los efectos en el electorado; y en ese terreno, la racionalidad económica siempre lleva desventaja.

Es posible que los propios impulsores del proyecto comprendan las implicancias económicas de su iniciativa, o que, en su defecto, las subestimen; en cualquiera de los casos, la consecuencia resulta claramente distinguible. El valor político del discurso supera con amplitud el costo institucional y social de la medida. La presentación de proyectos de esta naturaleza no busca necesariamente transformar la realidad de los chilenos, sino moldear la percepción pública de los impulsores. En tal lógica, la complejidad técnica se convierte en un conveniente obstáculo comunicacional, y la simplificación discursiva —amparada en una pretendida defensa del interés ciudadano— se erige como una herramienta de capital político. No se trata de ignorancia, sino de una estrategia deliberada: reemplazar el debate económico por la comodidad del consenso emocional.

Guillermo Montt H.

Abogado