El envejecimiento como cuestión territorial: desigualdades invisibles entre regiones

La vejez no es una experiencia uniforme. En Chile, las condiciones para envejecer cambian de manera drástica según el territorio que se habite. Las cifras y reportes que impulsa el SENAMA muestran, año tras año, que la realidad de una persona mayor en la Región Metropolitana no se asemeja a la de quien vive en Antofagasta, Aysén o en zonas rurales del norte y sur del país. Sin embargo, buena parte de las políticas públicas siguen pensándose desde un prisma centralista, que supone una homogeneidad que simplemente no existe.

El territorio importa. Determina las redes de apoyo disponibles, la accesibilidad de los servicios de salud y justicia, la oferta de programas comunitarios, la conectividad, el transporte y la posibilidad real de participar en la vida social. Importa también en la distribución de recursos: mientras algunas comunas cuentan con Centros Diurnos, ELEAM y equipos municipales especializados, otras deben arreglárselas con un tejido institucional mínimo, que deja a muchas personas mayores viviendo su envejecimiento en soledad, con escaso acompañamiento público y una protección fragmentada.

Estas desigualdades territoriales se vuelven especialmente visibles en tres planos: la ruralidad, donde la distancia física puede transformarse en barrera infranqueable para acceder a prestaciones; las regiones extremas, donde las brechas de especialistas, transporte y conectividad agravan situaciones de dependencia o fragilidad; y las zonas urbanas vulnerables, donde la densidad poblacional no se traduce en mayor cobertura institucional, sino en competencia por recursos escasos.

Un enfoque de derechos humanos exige que la política pública asuma explícitamente estas diferencias. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ya vigente en Chile, demanda que el Estado garantice igualdad material en el acceso a servicios, participación y autonomía. Eso supone abandonar la lógica del “mismo programa para todo el país” y avanzar hacia una política de envejecimiento con enfoque territorial, capaz de leer la diversidad de contextos, ritmos y formas de vida que atraviesan nuestras regiones.

La protección efectiva de las personas mayores no puede reducirse a estándares abstractos. Requiere comprender el territorio como un componente estructural del envejecimiento y, desde allí, diseñar respuestas diferenciadas, pertinentes y culturalmente sensibles. Solo así podremos construir un país donde envejecer sea digno y pleno, sin importar el lugar donde se vive.

Dr. Andrés Pablo Acuña Bustos

Abogado – Profesor Asociado

Facultad de Ciencias Juridicas de la Universidad de Antofagasta