El derecho a la educación no toma micro solo de lunes a viernes

La reciente pronunciación de la Contraloría General de la República respecto del uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) ha generado una ola de críticas por parte del mundo estudiantil. El órgano fiscalizador sostuvo que el pase escolar debe utilizarse exclusivamente para fines académicos, dentro del horario de clases, y no para otras actividades. Esta visión, en apariencia administrativa, encierra una concepción profundamente reduccionista del derecho a la educación, que lo subordina a una lógica de control, eficiencia y sospecha, más que a una mirada de garantía, promoción y acceso real.

La educación, entendida como un derecho fundamental, no se agota en el aula ni se reduce al acto de sentarse en una clase. Quienes estudiamos sabemos que formarse implica mucho más asistir a reforzamientos, reunirse con compañeros para trabajar en proyectos, ir a una biblioteca, realizar trámites institucionales, participar en actividades extracurriculares o incluso movilizarse para trabajar y así costear los propios estudios. ¿Acaso la educación termina cuando el reloj marca las 18:00? ¿Desaparece en vacaciones de invierno o fines de semana?

Restringir el uso de la TNE a determinados horarios o fines estrictamente curriculares no solo es injusto, sino también profundamente desconectado de la realidad de miles de estudiantes en Chile. Y lo más grave, es que vulnera el principio de igualdad sustantiva. No todos los estudiantes viven cerca de sus centros de estudio, no todos tienen las mismas condiciones económicas ni familiares. Para quienes habitan comunas periféricas, zonas rurales o quienes deben trabajar mientras estudian, el pase escolar no es un beneficio: es una herramienta de acceso, de dignidad y de sobrevivencia.

Esta interpretación, en lugar de ser una garantía de derechos, se convierte en una barrera encubierta. Cuando se reduce el transporte subsidiado a ciertos tramos horarios, lo que se está diciendo —sin decirlo— es que el ejercicio del derecho a la educación depende de cumplir una jornada “formal”, como si se tratara de un empleo, y no de un proceso vital, activo y continuo. El mensaje implícito es grave, si sales de ese margen, ya no eres estudiante, y por tanto, no mereces movilizarte con tarifa rebajada.

Además, esta postura omite una dimensión clave que es el derecho a la ciudad. El acceso al espacio urbano también es un derecho social, que debe garantizarse especialmente a quienes estudian. ¿Qué sentido tiene predicar una educación integral, participativa y activa, si al mismo tiempo se limita el acceso a los espacios donde esa formación ocurre?

Más allá del detalle administrativo, lo que se pone en juego es una pregunta política de fondo: ¿entendemos los derechos como garantías efectivas o como privilegios con letra chica? ¿Vamos a seguir restringiendo el acceso a bienes públicos bajo lógicas de sospecha, como si los estudiantes fueran abusadores del sistema y no sujetos de derechos?

El llamado es claro. El Estado no puede, por una parte, declarar su compromiso con la equidad y el acceso universal a la educación, y por otra parte restringir los mecanismos que hacen posible ese acceso. La Tarjeta Nacional Estudiantil debe ser tratada como lo que es: un instrumento de justicia social. Limitar su uso no es un simple tecnicismo, es una decisión política que afecta directamente la igualdad de oportunidades.

La educación no se toma vacaciones. Y los derechos tampoco.

Camila Torrejón Díaz