Cartas al Director
El costo invisible del acceso a la justicia.
Ser postulante en la Corporación de Asistencia Judicial es una experiencia formativa invaluable, pero que hoy se sostiene a costa del sacrificio personal y económico de quienes la ejercen sin retribución ni garantías mínimas.

A propósito de la reciente publicación en su medio sobre la precariedad con la que trabajan los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, quisiera compartir una reflexión desde mi propia experiencia.
Tuve el privilegio de ser postulante, y puedo afirmar que se trata de una etapa profundamente formativa, tanto en lo jurídico como en lo humano. El contacto directo con personas en situación de vulnerabilidad, la responsabilidad de representar al Estado y la oportunidad de litigar desde el inicio, constituyen aprendizajes de gran valor. Sin embargo, esa riqueza profesional convive con una realidad muchas veces invisibilizada: el alto costo personal y económico que implica este proceso.
Aunque en algunos centros se señala que el servicio es de media jornada, lo cierto es que la carga laboral se extiende mucho más allá. Las audiencias, los escritos, las reuniones con usuarios, la preparación de causas y la presión constante hacen que el trabajo acompañe al postulante a casa, llenando también sus noches y fines de semana. Se trata, en la práctica, de una dedicación a tiempo completo, sin que exista a cambio ninguna retribución económica.
En mi caso particular, debí renunciar a mi empleo, ahorrar durante meses y reorganizar completamente mi vida para poder cumplir con esta exigencia, que es un paso obligatorio para obtener el título de abogado. El desgaste físico, la incertidumbre financiera y la sobrecarga emocional fueron parte del proceso.
Es urgente repensar este modelo, garantizando condiciones mínimas de dignidad y equidad que permitan que todos, sin importar su situación económica, puedan acceder al ejercicio profesional del derecho. La idea no es deslegitimar el valor formativo de esta etapa, sino evitar que un costo que corresponde al Estado termine siendo cubierto por los propios postulantes. Finalmente, son ellos quienes, con gran sacrificio, terminan asumiendo el deber estatal de asegurar acceso a la justicia para quienes no pueden pagar: el llamado privilegio de pobreza.
Valeria Oportus Beltrán
Temas
Te puede interesar

Cartas al Director
Ética, derecho y sentido común: sobre la exigencia de buena conducta para ejercer la abogacía

Cartas al Director
El rol del Concejo Municipal en la aprobación de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG)

Cartas al Director
La Obsolescencia Estructural del Código de Minería: Anacronismo Sistémico y su Colisión con el Orden Constitucional

Cartas al Director
La modernización llegó a las ferias libres
Newsletter
Lo esencial del derecho, cada mañana
Fallos, proyectos de ley y análisis seleccionados por la redacción. Gratis en su correo.