Cuando la certeza es una ilusión: YPF, litigio especulativo e inteligencia artificial

El reciente giro en el caso YPF, donde la Corte de Apelaciones de Estados Unidos anuló un fallo que obligaba a Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares, no solo tiene implicancias económicas. Expone algo más profundo y a tener en cuenta, “la fragilidad de nuestras certezas jurídicas”.

Durante años, el mercado operó bajo una convicción aparentemente sólida: Argentina había incumplido reglas claras y, por tanto, debía pagar. Esa expectativa no era marginal; estaba incorporada en precios, estrategias legales y decisiones de inversión. Sin embargo, un fallo bastó para desarmar esa supuesta “verdad”.

No cambió el hecho. Cambió la interpretación. Este punto es clave. El derecho no es un sistema cerrado de reglas autoejecutables, sino un proceso dinámico donde el significado se construye caso a caso. La jurisprudencia no se descubre: se forma. Y en ese proceso, lo que ayer parecía seguro hoy puede dejar de serlo.

El caso YPF es especialmente ilustrativo porque, además, estuvo atravesado por una nueva capa: el litigio especulativo. Fondos como Burford Capital no participan del proceso productivo ni del conflicto original. Su rol consiste en adquirir o financiar demandas apostando a un resultado futuro. En otras palabras, transforman la incertidumbre jurídica en un activo financiero.

Para que ese modelo funcione, es necesario algo fundamental: que el sistema legal sea, hasta cierto punto, predecible. No en el sentido de certeza absoluta, sino en el de probabilidades razonables. Cuando esa expectativa falla, no solo se pierde un juicio; se revela que el sistema fue mal “leído”.

Y aquí aparece una dimensión menos evidente, pero más relevante: este no es solo un error jurídico o financiero. Es un error epistemológico.

El mercado, los litigantes y los modelos que evaluaban el caso operaban como si el marco normativo fuese estable. Como si las reglas estuvieran dadas de una vez y para siempre. Pero lo que el fallo revela es exactamente lo contrario: las reglas también evolucionan, se reinterpretan y, en cierto sentido, se descubren en el conflicto.

Esto no es muy distinto de lo que ocurre al interior de las empresas. Lejos de operar sobre certezas, las organizaciones funcionan como sistemas de descubrimiento: prueban, corrigen, aprenden y ajustan sus decisiones en función de información incompleta. El éxito no proviene de tener razón desde el inicio, sino de la capacidad de adaptarse cuando la realidad desmiente las expectativas.

El derecho, aunque muchas veces se presente como un sistema de estabilidad, no escapa a esta lógica. También aprende. Pero lo hace de una manera particular: a través de fallos que reordenan el sentido de las reglas existentes.

Y aquí es donde aparece un paralelo con la inteligencia artificial.

Los sistemas de IA, especialmente aquellos basados en modelos predictivos, operan bajo una lógica similar: procesan grandes volúmenes de información pasada para anticipar resultados futuros. En muchos casos, sus respuestas transmiten una sensación de coherencia y solidez que puede confundirse con certeza.

Pero esa certeza es, en el fondo, estadística. La IA no comprende el derecho como una práctica viva; reconoce patrones en decisiones previas. Puede sugerir cuál es el resultado más probable de un litigio, pero no puede anticipar, al menos no plenamente, el momento en que una corte decide reinterpretar el marco completo.

El fallo de YPF muestra exactamente ese límite. Durante años, toda la “data” disponible apuntaba en una dirección. Sin embargo, el resultado final fue otro. No por error técnico, sino porque el derecho no es solo un sistema de regularidades: es también un espacio de decisiones.

Esto plantea un riesgo relevante en un mundo donde cada vez más decisiones legales, económicas y organizacionales comienzan a apoyarse en sistemas automatizados.

El peligro no es que la inteligencia artificial se equivoque. Eso es inevitable. El problema es que confiemos en ella como si operara en un entorno de reglas fijas, cuando en realidad esas reglas están en constante construcción.

Ni el mercado, ni los litigantes, ni los modelos predictivos fallaron por falta de información. Fallaron porque asumieron estabilidad donde no la había y esa es, probablemente, la lección más importante de este caso, no solo las empresas, también el derecho y las instituciones operan como procesos de descubrimiento.

La diferencia es que, en estos últimos, el aprendizaje suele llegar tarde y a un costo mucho mayor.

Este episodio deja, además una advertencia que trasciende el caso puntual. Durante años, el litigio contra Estados comenzó a consolidarse como una estrategia de inversión: comprar conflictos, financiar demandas y apostar a resultados predecibles. El caso YPF introduce una grieta en ese supuesto. Si las reglas que estructuran el litigio pueden ser reinterpretadas de forma sustantiva en instancias finales, entonces la rentabilidad esperada de estos procesos deja de ser una función relativamente estable y pasa a depender de una incertidumbre mucho más radical. No solo se encarece demandar a un Estado; se vuelve, en términos estructurales, una apuesta menos obvia de lo que el mercado asumía.

Jaime Santana

Ingeniero en Telecomunicaciones y Gestión TI

Magíster en Filosofía, Política y Economía