“Chao cables”

La entrada en vigencia del reglamento de la Ley “Chao Cables” marca un hito relevante en el compromiso de Chile por mejorar la seguridad y calidad ambiental en los espacios urbanos. Con este reglamento, la normativa puede comenzar a aplicarse y ejecutarse en todo el país.

Esta ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a identificar, ordenar y retirar los cables aéreos y subterráneos en desuso en el espacio público. Con ello se busca reducir riesgos de accidentes, prevenir cortes eléctricos e incendios y mejorar la imagen de nuestras ciudades. Las compañías que utilizan este tipo de tendidos deberán presentar planes anuales de retiro de cables en desuso, coordinados con las autoridades comunales y regionales. Además, tienen que identificar qué cables se encuentran en uso y cuáles no, y publicar mapas de cobertura con los avances en su retiro.

Por su parte, los municipios tendrán la facultad de exigir estos planes anuales a los operadores y definir zonas prioritarias para la intervención. Asimismo, podrán declarar cables en desuso y fijar un plazo máximo de cinco meses para su remoción, así como denunciar aquellos que representen un peligro para la comunidad.

Con el propósito de avanzar en esta materia, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios Rurales y la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, suscribieron un convenio de colaboración que busca acelerar la implementación de la ley.

La fiscalización del cumplimiento de los planes de retiro estará a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, organismo que podrá oficiar a los operadores y exigir la identificación de los elementos en desuso que deban ser retirados u ordenados.

Cabe destacar que la ciudadanía también puede participar en este proceso, denunciando ante las municipalidades el cableado que constituya un peligro. Las sanciones por incumplimiento de la normativa del Plan Chao Cables, contemplan multas a beneficio de los gobiernos locales.

Esta nueva regulación plantea un desafío tanto para las empresas como para las autoridades locales: coordinar de manera efectiva los planes de retiro y cumplir con los plazos establecidos. Pero, al mismo tiempo, representa una gran oportunidad para mejorar la planificación urbana y la gestión de la infraestructura.

La entrada en vigencia de este reglamento es un paso firme para construir entornos con una mejor calidad de vida. Su correcta implementación no solo reducirá la llamada “contaminación visual”, sino que también fortalecerá la seguridad y el bienestar de quienes habitamos nuestras ciudades.

Carolina Araya

Directora Carrera de Derecho

Universidad de Las Américas

Sede Concepción