517 obras inconclusas: el costo de un Estado que no cumple

El reciente Consolidado de Información Circularizada N°17 de la Contraloría General de la República reveló un dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: 517 obras públicas quedaron inconclusas entre 2015 y 2025, sin registro de recontratación posterior. En total, la Contraloría detectó 812 contratos con término anticipado, por $1,02 billones, una cifra que refleja una falla grave en la capacidad estatal de ejecutar proyectos básicos.

Aún más alarmante es que 13 obras recontratadas superaron el 50% de sobrecosto, llegando algunas a triplicar su valor inicial. La descoordinación actual no es menor: el Servicio Metropolitano Sur concentra obras paralizadas por $279 mil millones, la Junji por $49 mil millones y el Serviu del Biobío por $40 mil millones. Es decir, jardines infantiles, centros de salud y viviendas sociales que las comunidades siguen esperando mientras los costos aumentan y los plazos se diluyen.

Aunque estas deficiencias abarcan varios gobiernos, el actual Ejecutivo ha insistido en expandir el tamaño y el rol del Estado sin demostrar que es capaz siquiera de administrar correctamente sus obras básicas. Si las instituciones no logran terminar proyectos ya financiados, ¿cómo puede sostenerse el discurso de que “más Estado” es la solución a los problemas del país? La demora promedio de 17 meses en recontrataciones muestra que la lentitud y el desorden se están convirtiendo en regla, no en excepción.

La Contraloría inició nuevas fiscalizaciones, pero la responsabilidad política sigue difusa. Es urgente que el Gobierno abandone la autocomplacencia y reconozca que la gestión pública está fallando en su nivel más fundamental: cumplir lo prometido. Un Estado que no termina obras esenciales termina generando más frustración ciudadana y menos confianza en las instituciones.

Cristóbal Laimböck Muñoz

Pasante Fundación para el Progreso