Un año desde una decisión clave del Consejo Asesor de Contenido de Meta para proteger a defensores de derechos humanos en el espacio digital, por Patricia Cruz Marín y Agneris Sampieri

En una reciente publicación de agendaestadoderecho.com se da a conocer el artículo Un año desde una decisión clave del Consejo Asesor de Contenido de Meta para proteger a defensores de derechos humanos en el espacio digital, por Patricia Cruz Marín y Agneris Sampieri.

Las redes sociales son hoy un espacio central para el debate público. No obstante, también pueden convertirse en entornos donde se amplifican ataques, campañas de desprestigio y amenazas. Esto afecta especialmente a quienes defienden derechos humanos, que generalmente ya enfrentan riesgos fuera del espacio digital. En este contexto, las decisiones que toman las plataformas sobre qué contenido permitir o eliminar no son neutras, pues pueden incidir directamente en la seguridad de las personas.

Hace un año, el Consejo Asesor de Contenido de Meta emitió una decisión que marcó un punto de inflexión. El caso ayudó a reconocer una forma de violencia digital que suele pasar desapercibida: las amenazas veladas. Sin embargo, a un año de la decisión, aún no se ha cumplido plenamente con las recomendaciones. A continuación, reflexionamos sobre la importancia de este caso y los desafíos pendientes en su implementación.

La decisión del Consejo Asesor de Contenido

El 27 de mayo de 2025, el Consejo revisó una decisión de Facebook que había permitido una publicación dirigida contra una reconocida defensora de derechos humanos peruana, quien además ocupaba un rol de liderazgo en una coalición nacional de organizaciones.

La publicación incluía una imagen en la que la defensora aparecía con sangre en el rostro, sugiriendo una herida en la cabeza. El mensaje que la acompañaba la acusaba de incitar a la violencia y de hacer un uso indebido de recursos internacionales. Meta consideró inicialmente que se trataba de una metáfora. Sin embargo, múltiples organizaciones y personas denunciaron el contenido. Tras la negativa de la plataforma a retirarlo, el caso fue apelado ante el Consejo, bajo el argumento de que ese mensaje debía interpretarse en su contexto como parte de un entorno de hostigamiento contra personas defensoras en Perú.

El Consejo coincidió y determinó que la publicación constituía una amenaza velada que debía ser eliminada. Más allá del resultado, destaca el enfoque del análisis. El Consejo incorporó una evaluación contextual amplia. Consideró quién realizó la publicación, el historial de violencia del grupo al que pertenecía, el entorno de ataques contra personas defensoras y el nivel de exposición pública de la víctima. Este enfoque permitió comprender con mayor precisión el alcance real del contenido.

Además, la decisión fue más allá del caso concreto. El Consejo formuló recomendaciones dirigidas a mejorar las reglas y prácticas de la plataforma. Entre ellas, pidió una revisión anual sobre la gestión de este tipo de amenazas, incluyendo una evaluación de la capacidad de Meta para identificar amenazas veladas. También solicitó prestar especial atención al contenido que contiene amenazas contra personas defensoras que permanecen incorrectamente en la plataforma, así como a los casos en que el discurso político legítimo es eliminado por error.

Importancia de la decisión

Este caso ayuda a entender mejor cómo funciona la violencia en el entorno digital. Las amenazas no siempre son directas o explícitas. Muchas veces se presentan como imágenes, insinuaciones o mensajes ambiguos que, fuera de contexto, pueden parecer inofensivos. Sin embargo, en determinados entornos, estos mensajes pueden contribuir a campañas de hostigamiento o aumentar el riesgo para las personas afectadas.

Al reconocer las amenazas veladas, el Consejo establece un estándar más exigente para las plataformas.Destaca la importancia del contexto como un elemento central en la evaluación del contenido. Esto implica considerar factores como el entorno político, los antecedentes de violencia o la visibilidad de la persona afectada.

La decisión también refuerza la idea de que las empresas tecnológicas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. De acuerdo con estándares internacionales, no solo deben reaccionar ante contenidos problemáticos, sino también prevenir daños y ajustar sus políticas a los riesgos reales que enfrentan las personas usuarias.

En América Latina, esto tiene una relevancia particular. La región presenta altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, y las redes sociales pueden convertirse en un espacio donde ese riesgo se amplifica. Por ello, mejorar la moderación de contenidos en ese sentido no es solo un asunto técnico, sino una cuestión central para la protección de derechos.

El desafío pendiente: cumplimiento

A pesar de la importancia de esta decisión, su impacto depende de su implementación, en donde persisten los principales desafíos. Meta ha desarrollado mecanismos para dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo. Sin embargo, muchas de ellas sigue en proceso o se implementa de forma parcial. En el caso de la defensora peruana, las recomendaciones continúan en fase de análisis de viabilidad desde mediados de 2025, sin cambios concretos visibles en el texto de las políticas.

Esto refleja una brecha entre los estándares y la práctica. Las decisiones del Consejo establecen una orientación clara sobre cómo deberían abordarse las amenazas en línea, pero su efectividad depende de que estos criterios se traduzcan en cambios concretos en las políticas y sistemas de moderación.

Al mismo tiempo, este caso muestra un elemento relevante en el panorama actual. Meta mantiene un mecanismo independiente de revisión como el Consejo Asesor de Contenido. Esto permite cuestionar decisiones, elevar casos complejos y generar estándares con impacto global. Sin embargo, no todas las plataformas cuentan con instancias similares. En muchos espacios digitales, las decisiones sobre contenido se toman sin supervisión externa ni mecanismos claros de rendición de cuentas. Esto deja a las personas usuarias, especialmente r a quienes enfrentan mayores riesgos, en una situación de mayor vulnerabilidad.

El escenario es, por tanto, mixto. Por un lado, este caso representa un avance importante y demuestra la utilidad de mecanismos independientes como el Consejo Asesor de Contenido, que permiten revisar decisiones, incorporar el contexto y elevar estándares de protección con impacto global. Por otro, persisten retos en materia de cumplimiento dentro de la propia plataforma, y se observan retrocesos en otras redes sociales que carecen de instancias similares, lo que debilita las garantías para proteger a las personas frente a amenazas en el entorno digital.

Aun así, el precedente es significativo. Ofrece una base para exigir mejoras, fortalece el debate sobre la responsabilidad de las plataformas y subraya la importancia de contar con mecanismos independientes que supervisen sus decisiones. El desafío ahora es que estos estándares se traduzcan en prácticas efectivas de protección en todo el entorno digital. En el marco del aniversario de este caso, invitamos a descargar la Guía práctica para reportar amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en Facebook, Instagram y Threads. En un contexto en el que denunciar y activar los mecanismos nacionales e internacionales de protección es fundamental, también resulta clave aprovechar de forma adecuada las herramientas que ofrecen estas plataformas.

Patricia Cruz Marín es abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Agneris Sampieri es analista de políticas públicas para América Latina y coordinadora global de libertad de expresión en Access Now.