Reducir la corrupción y proteger los derechos humanos: dos caras de una misma moneda, por Daniel Kempken

En un reciente artículo de agendaestadoderecho.com se da a conocer el artículo Reducir la corrupción y proteger los derechos humanos: dos caras de una misma moneda, por Daniel Kempken.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2025, la corrupción está aumentando a nivel global desde hace más de una década. Desde el año 2012, en las Américas solo cinco países han mejorado mientras la puntuación de 16 países ha bajado.

Aumento global de la corrupción

En junio de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió nuevas directrices sobre la aplicación del Foreign Corrupt Practises Act (FCPA) del año 1977. Según Francois Valérian, el Presidente de Transparencia Internacional, el FCPA ha sido considerado durante mucho tiempo como el estándar de oro en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, las nuevas directrices parecen reducir considerablemente su alcance, al orientar su aplicación hacia las amenazas más urgentes para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además, establecen que no deberían perseguirse conductas indebidas vinculadas con prácticas comerciales habituales ni cortesías comerciales generalmente aceptadas. Estas formulaciones pueden restringir significativamente el margen de aplicación de la ley y enviar un mensaje preocupante a otros países, al hacer que ciertas formas de corrupción resulten socialmente más tolerables y al subordinar la integridad a intereses económicos.

Crisis de los derechos humanos

A la vez, los derechos humanos se encuentran en una crisis profunda. En su informe de abril de 2026, Amnistía Internacional documentó un panorama generalizado de violaciones a derechos humanos en el mundo. Se destaca que, al mismo tiempo, el orden internacional basado en normas es objeto de ataques constantes.

Durante mucho tiempo, había un consenso global de que la promoción de los derechos humanos constituye un elemento esencial de las relaciones internacionales. Ahora bien, este principio básico se está cuestionando cada vez más en gran parte de la región. Ante el incremento de la violencia y del crimen organizado, se aumentan dudas respecto a la eficacia del Estado de derecho y de los enfoques basados en los derechos humanos.

De manera preocupante, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se ha debilitado en diferentes aspectos. Estados Unidos ha suspendido su apoyoal SIDH y también a organizaciones de derechos humanos. La crisis financiera va acompañada de varios cuestionamientos políticos, ideológicos o jurídicos en cuanto a la legitimidad del SIDH.

Vínculo entre derechos humanos y corrupción

No es casualidad que el aumento de la corrupción y la crisis de los derechos humanos se efectúen simultáneamente. Ambos fenómenos están estrechamente vinculados y se han reforzado mutuamente. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe trascendental en el cual analizó a profundidad este vínculo. En 2025, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) elaboró una Guía Práctica en la cual confirmó la interdependencia entre corrupción y violaciones de derechos humanos. El mismo informe presenta recomendaciones políticas, administrativas y técnicas para reducir la corrupción con un enfoque de derechos humanos.

Ante esta situación, el compromiso anticorrupción y el de la defensa de derechos humanos han comenzado a actuar más holísticamente con un enfoque multidisciplinario. Se ha empezado a romper los silos conceptuales que existían durante muchos años entre estos dos campos igualmente fundamentales para una sociedad justa. Mientras los desafíos en la lucha contra la corrupción así como en la protección de los derechos humanos aumentan, aún crece la disposición de colaborar, lo que es más importante que nunca.

La importancia de la voluntad política

Resulta clave identificar, apoyar y, en su caso, proteger actores políticos influyentes que estén dispuestos a defender los derechos humanos y la integridad. Una red de organizaciones y personas que trabajen con estos objetivos podría reforzar sus esfuerzos. En términos más concretos, un diálogo fortalecido entre organizaciones de derechos humanos y de anticorrupción debe tener como objetivo elaborar una agenda prioritaria común e implementarla rigurosamente. Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) pueden asesorar en estos procesos en determinados países que lo soliciten.

En cuanto al SIDH, es el momento de evaluar sus fortalezas y debilidades. Se necesita un diálogo regional de alto nivel sobre la modernización del Sistema, el fortalecimiento de su legitimidad y de la cooperación regional en cuestiones de derechos humanos. Tal diálogo sólo puede tener éxito si se cuenta con voluntad política de los actores principales. En este contexto, el vínculo entre anticorrupción y derechos humanos puede ayudar. Parece de suma importancia convencer que un enfoque de derechos humanos es una estrategia poderosa contra la corrupción. En este contexto, el SIDH como referencia para políticas nacionales desempeña un rol central.

La lucha contra el crimen organizado

En los últimos años, el crimen organizado se ha establecido o bien fortalecido en muchos países de América Latina. Para dichas estructuras ilícitas y altamente dañinas, la corrupción es su base vital. Se necesita de funcionarios corruptos en los poderes del Estado para realizar negocios ilegales, para el lavado de dinero y para gozar de la impunidad.

Políticas contra el crimen organizado como se efectúan actualmente en El Salvador y en Ecuador cuentan generalmente con apoyo público. Aún mandan un mensaje contundente y fuerte a los delincuentes. En El Salvador se restableció la seguridad pública. En Ecuador, la situación es bastante más complicada por la presencia de poderosos carteles de drogas nacionales e internacionales queno existían en El Salvador. Ahora bien, todavía no hay ningún antecedente en el que la mano dura por sí sola haya logrado acabar con grandes estructuras criminales poderosas, precisamente carteles de drogas –ni en México, Colombia ni en otros países–.

Las políticas de mano dura corren el riesgo de provocar daños colaterales graves. Se observa tanto en El Salvador como en Ecuador violaciones severas de derechos humanos cometidos por actores del estado que antes no se registraban. En Ecuador se nota, además, un aumento de violencia en general. En los dos países, la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años. En resumen se manifiesta que la política de mano dura por sí sola cura un mal con otro peor.

Con toda razón, la International Crisis Group destaca en su informe actual sobre Ecuador que se necesita una presencia estatal permanente y positiva en las zonas afectadas por la delincuencia. El Estado tiene que ser íntegro y el garante cumplidor del respeto de los derechos humanos. Solo de esta forma se puede ganar la confianza de la ciudadanía, reducir la corrupción y hacer frente al crimen organizado y su atractivo engañoso. En tiempos de una globalización progresiva, el derecho internacional es más necesario que nunca para evitar un vacío legal que abra las puertas para la corrupción y la violación de derechos humanos.

Daniel Kempken es jurista alemán, consultor independiente y experto en cooperación internacional, con amplia experiencia en América Latina. Ha ocupado cargos en la cooperación alemana, el Ministerio de Cooperación Económica y la diplomacia en la región.