Proyecto de ley busca extender hasta 2030 plazo para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas

Ingresó a tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que prorroga el plazo para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas establecido en el artículo segundo transitorio de la Ley N°21.435, que reformó el Código de Aguas, extendiéndolo hasta el 6 de abril de 2030.

La Ley N°21.435, publicada el 6 de abril de 2022, introdujo una reforma estructural al Código de Aguas, estableciendo un nuevo régimen jurídico orientado a asegurar la sustentabilidad del recurso hídrico, priorizar el consumo humano, el saneamiento y la preservación de los ecosistemas. Dicha reforma modificó normas sustantivas y procedimentales relativas a la constitución, regularización y ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas.

Dentro de las disposiciones transitorias de la ley, se fijó originalmente como fecha límite para regularizar derechos de aprovechamiento el 6 de abril de 2027. Este plazo buscaba permitir “una transición gradual hacia el nuevo régimen jurídico”, otorgando certeza jurídica a los usuarios del recurso hídrico y facilitar la implementación progresiva de las nuevas exigencias legales.

No obstante, la moción sostiene que la magnitud de los cambios introducidos por la reforma, sumada a limitaciones técnicas, administrativas y económicas, ha generado dificultades relevantes en los procesos de regularización, particularmente en territorios rurales y zonas afectadas por escasez hídrica.

El texto advierte que “un número significativo de usuarios aún no ha logrado completar los procedimientos de regularización exigidos por la normativa vigente”.

Entre otras razones, la moción menciona la complejidad técnica de los procedimientos, los cuales requieren estudios hidrológicos, recopilación de antecedentes históricos y tramitación administrativa ante la Dirección General de Aguas, implicando “costos y tiempos significativos” para los usuarios.

Asimismo, el proyecto identifica limitaciones institucionales derivadas del volumen de solicitudes y de la necesidad de fortalecer capacidades técnicas en los organismos competentes, situación que habría generado retrasos en la tramitación y resolución de expedientes.

La iniciativa añade que pequeños agricultores, comunidades rurales, sistemas de Agua Potable Rural (APR) y organizaciones de usuarios enfrentan mayores dificultades para cumplir los requisitos legales, especialmente en regiones afectadas por escasez hídrica estructural.

En ese contexto, el proyecto advierte que mantener el plazo vigente sin una prórroga razonable podría generar “pérdida de derechos de aprovechamiento de aguas por razones administrativas”, inseguridad jurídica, afectación de actividades productivas esenciales y debilitamiento de la implementación efectiva de la reforma legal.

La moción plantea como objetivo general “facilitar la regularización de derechos de aprovechamiento de aguas y asegurar una implementación efectiva y equitativa de la reforma legal”.

Entre sus objetivos específicos, la iniciativa busca otorgar mayor certeza jurídica a los usuarios, evitar la pérdida o caducidad de derechos por causas administrativas e institucionales y proteger la continuidad de actividades productivas en territorios rurales y zonas de escasez hídrica.

El proyecto sostiene además que la prórroga responde al principio de seguridad jurídica, el cual exige que los cambios normativos se implementen “de manera gradual y razonable”, evitando afectar derechos adquiridos o generar incertidumbre en los usuarios del sistema.

“La prórroga del plazo constituye una medida proporcional que permite consolidar la reforma legal sin generar efectos negativos en los usuarios del recurso hídrico”, afirma expresamente la moción.

Asimismo, el proyecto releva que la adecuada regularización de derechos de aprovechamiento constituye un elemento esencial para implementar un modelo de gestión sostenible del agua que equilibre el uso productivo con la protección ambiental y la seguridad hídrica de la población.

La iniciativa propone modificar el inciso primero del artículo segundo transitorio de la Ley N°21.435, reemplazando la fecha “6 de abril de 2027” por “6 de abril de 2030”.

El proyecto es patrocinado por la diputada Carolina Tello y otros parlamentarios firmantes de la moción.

Vea texto moción Boletín N°18.237-33 y siga su tramitación aquí.