Proponen dar más autonomía a colegios en admisión escolar

A diez años de la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), las modificaciones anunciadas por el Ejecutivo para otorgar mayor injerencia a los establecimientos educacionales en los mecanismos de admisión abren una oportunidad para volver a centrar la discusión en los aprendizajes, los proyectos educativos y las comunidades escolares.

Así lo plantea un análisis de Libertad y Desarrollo, que sostiene que durante los últimos 15 años buena parte del debate educacional se concentró en la estructura del sistema escolar, dejando en un segundo plano la calidad de los aprendizajes y las razones por las cuales las familias optaban por determinadas alternativas educativas.

El documento recuerda que, entre 2004 y 2014, la matrícula pública cayó del 50% al 38%, período en que la discusión no se enfocó principalmente en explicar por qué las familias estaban migrando hacia otros proyectos, sino en cuestionar el modelo que permitía esa diversidad de elecciones. En ese contexto, señala que la reforma educacional de la última década no solo se discutió en torno a la calidad de la educación o a la segregación de los estudiantes, sino también respecto del rol del Estado y de los privados en materias sociales.

El informe menciona que Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo Joignant, autores de El otro modelo: del orden neoliberal al régimen de lo público, sostuvieron que la expansión de proyectos educativos particulares contribuía a debilitar lo público y a fragmentar la experiencia común de los ciudadanos. A partir de esa visión, afirma el análisis, se instaló la idea de que el problema radicaba en la presencia de sostenedores privados, pese a que la colaboración público-privada forma parte de la historia educacional chilena desde fines del siglo XIX.

En efecto, el texto recuerda que Chile financió históricamente con aportes monetarios a la Iglesia y a fundaciones que administraban establecimientos educacionales, práctica que fue reconocida legalmente en 1920 mediante la Ley N°3.654 de Educación Primaria Obligatoria, que estableció subvención escolar para establecimientos privados sostenidos por “sociedades de cualquier clase”.

A juicio del informe, las reformas impulsadas entre 2014 y 2015, centradas en el fin del lucro, el copago y la selección, apuntaron a poner término a esa tradición centenaria de colaboración público-privada. Si bien el modelo mixto no desapareció, sí fue progresivamente deslegitimado y restringido. De esta manera, el foco dejó de estar en cómo mejorar los aprendizajes y la calidad de la educación para concentrarse en la estructura administrativa del sistema escolar.

El Sistema de Admisión Escolar es el mecanismo a través del cual las familias postulan a sus hijos a establecimientos que reciben financiamiento estatal, incluyendo colegios particulares subvencionados, municipales y pertenecientes a Servicios Locales de Educación Pública, lo que abarca aproximadamente al 90% de los estudiantes del país.

El análisis sostiene que no existía evidencia clara de un problema estructural con el sistema anterior. Cita como antecedente la encuesta CEP de junio-julio de 2006, en la que un 93% de los consultados declaró que sus hijos habían sido aceptados en el colegio que más les gustaba. No obstante, la Ley de Inclusión Escolar de 2015 creó un sistema centralizado de postulación, basado en el mecanismo de aceptación diferida de David Gale, Lloyd Shapley y Alvin Roth, con el objetivo de asegurar igualdad de acceso y eliminar prácticas consideradas discriminatorias.

Cuando la demanda por un establecimiento supera la cantidad de vacantes disponibles, el SAE asigna los cupos mediante un procedimiento aleatorio, respetando previamente ciertas prioridades definidas por la ley, como tener hermanos en el establecimiento, ser hijo de funcionarios o pertenecer a grupos prioritarios. Este procedimiento es conocido popularmente como “tómbola”.

El informe reconoce que el sistema tiene ventajas, pues facilitó a los padres el proceso de postulación, transparentó los procesos de admisión y redujo prácticas arbitrarias. Sin embargo, advierte que el colegio quedó excluido de cualquier incidencia en el proceso, debilitándose así un elemento central de toda comunidad educativa: la posibilidad de desarrollar proyectos educativos propios.

Según el documento, cada establecimiento debe contar con autonomía para definir su propuesta formativa, los valores que busca transmitir y el tipo de comunidad que aspira a construir. Cuando el proceso de admisión deja de considerar esta dimensión, las escuelas pierden capacidad para formar comunidades cohesionadas en torno a objetivos compartidos, mientras que las familias ven limitada su posibilidad de acceder a establecimientos acordes con sus expectativas y convicciones.

Ello, plantea el análisis, debilita la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos, incluidos aquellos con énfasis académico, técnico-profesional, artístico, deportivo, religioso, intercultural o con metodologías pedagógicas específicas. Esta situación habría contribuido a la insatisfacción de parte de las familias con el sistema educativo. Según datos de la OCDE citados en el informe, solo 4 de cada 10 chilenos se declaran satisfechos con el sistema de educación, mientras que el promedio OCDE alcanza el 57%.

El texto identifica al menos tres consecuencias relevantes de la implementación del SAE y de la falta de incidencia de las escuelas en sus procesos de admisión. La primera es que se habrían desconocido las habilidades y el mérito académico de los estudiantes. El sistema eliminó cualquier consideración de habilidades y desempeño académico, lo que afecta especialmente a establecimientos con proyectos formativos específicos.

En particular, el informe advierte que los liceos técnico-profesionales no pueden verificar si quienes ingresan a una especialidad cuentan con la formación previa necesaria o con una intención real de aprender en ella. Además, sostiene que los estudiantes de alto rendimiento tienen menos probabilidades que otros de acceder a los establecimientos de su preferencia, porque suelen postular a colegios altamente demandados.

La segunda consecuencia se relaciona con la mayor dificultad para gestionar las salas de clases. El informe señala que las aulas son hoy más heterogéneas, lo que no constituye un problema en sí mismo, pero exige más tiempo, recursos, autonomía y formación docente para gestionar adecuadamente esa diversidad. Sin embargo, esas condiciones no habrían acompañado la implementación del SAE, por lo que los profesores enfrentan mayores dificultades para adaptar sus métodos de enseñanza y responder a las distintas necesidades presentes en el aula.

El análisis cita la encuesta TALIS 2024, según la cual uno de cada cuatro docentes jóvenes en Chile planea abandonar la profesión dentro de los próximos cinco años. Asimismo, señala que 7 de cada 10 docentes chilenos reportan tener más de un 10% de estudiantes con necesidades educativas especiales, cifra que representa un aumento de más de 16 puntos porcentuales en seis años y que supera ampliamente el promedio OCDE, donde el porcentaje llega al 46% de los docentes. A ello se suma que solo la mitad de los profesores chilenos declara contar con conocimientos suficientes para adaptar evaluaciones a esos estudiantes.

La tercera consecuencia indicada por el documento es el debilitamiento de la convivencia escolar. El informe sostiene que la convivencia se construye sobre normas compartidas, confianza y sentido de pertenencia. Cuando estudiantes y familias no adhieren explícitamente al proyecto educativo del establecimiento, y cuando las escuelas no pueden identificar a familias más comprometidas con dicho proyecto, resulta más difícil formar comunidades cohesionadas y generar los acuerdos básicos que toda escuela necesita para funcionar.

Esta pérdida de cohesión podría estar influyendo, entre otros factores, en el aumento de denuncias ante la Superintendencia de Educación. Según el informe, en 10 años se han duplicado las denuncias por convivencia escolar, lo que reflejaría que situaciones que antes podían resolverse al interior de la comunidad escolar recurren hoy con mayor frecuencia a instancias externas, evidenciando una menor capacidad de las escuelas para gestionar conflictos y resguardar su convivencia.

En sus reflexiones finales, el análisis subraya que la calidad de la educación pública importa porque no solo entrega conocimientos, sino que forma personas libres, responsables y capaces de participar plenamente en la vida en sociedad. Una educación de calidad amplía oportunidades, favorece la movilidad social y permite que el origen socioeconómico no determine el futuro de una persona.

El documento agrega que las escuelas cumplen un rol fundamental en la formación de ciudadanos, transmitiendo hábitos de esfuerzo, respeto, cooperación y compromiso con el bien común. Asimismo, destaca que los aprendizajes son determinantes para el desarrollo económico del país, pues inciden en la productividad, el empleo y la capacidad de innovación.

A juicio del informe, transcurridos 10 años desde la implementación del SAE, resulta evidente que la discusión educacional no puede reducirse a un mecanismo de asignación de vacantes. Si bien el sistema transparentó los procesos de admisión, entregó más información a los apoderados y eliminó discriminaciones arbitrarias, también debilitó la autonomía de las escuelas para desarrollar sus proyectos educativos, redujo el reconocimiento al mérito académico y al esfuerzo de las familias, complejizó la gestión pedagógica de las aulas y dificultó la construcción de comunidades escolares cohesionadas.

Por ello, el análisis estima que las modificaciones anunciadas por el Presidente Kast en su cuenta pública apuntan en la dirección correcta. Avanzar hacia un sistema que reconozca la diversidad de proyectos educativos, fortalezca la autonomía de los establecimientos, valore el mérito y las trayectorias de los estudiantes, y permita una mayor participación de las familias en la elección de la educación de sus hijos, sería positivo.

El desafío, plantea el documento, consiste en resguardar simultáneamente la equidad y la transparencia, poniendo nuevamente en el centro la finalidad principal de las escuelas: que los estudiantes aprendan más.

El informe precisa que lo anterior no implica eliminar el SAE ni volver a los mecanismos de admisión existentes antes de la Ley de Inclusión. Un sistema centralizado de postulación tiene ventajas importantes que deben mantenerse. El desafío es compatibilizar esas ventajas con una mayor autonomía de los establecimientos para desarrollar sus proyectos educativos.

En esa línea, sostiene que un sistema moderno de admisión no debería obligar a elegir entre transparencia y libertad de enseñanza, sino permitir ambas. Las escuelas debieran contar con espacios para definir criterios coherentes con sus objetivos formativos, mientras que las familias debieran tener una participación más activa en la elección de proyectos educativos que reflejen sus expectativas y convicciones.

Finalmente, el análisis destaca que la experiencia internacional muestra que sistemas exitosos que utilizan mecanismos de azar, como el de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, combinan plataformas centralizadas de postulación con grados importantes de autonomía escolar y criterios diferenciados según el tipo de establecimiento.

Chile, concluye el documento, puede avanzar en esa dirección. Mantener una plataforma única de admisión es compatible con permitir que distintos proyectos educativos consideren elementos relevantes para su identidad y misión formativa, lo que aparece como un camino razonable para fortalecer la calidad de la educación, la convivencia escolar y la libertad de elección de las familias.

Vea Informe Instituto Libertad y Desarrollo.