Tribunal de EE.UU. valida ley de control migratorio de Texas

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos autorizó al Estado de Texas a aplicar la ley de control migratorio conocida como Proyecto de Ley del Senado 4, tras suspender una orden judicial previa dictada por un tribunal de distrito que mantenía bloqueada la normativa. Con esta resolución, las fuerzas de seguridad locales quedan facultadas para detener a personas sospechosas de haber ingresado al territorio estadounidense de forma irregular, mientras que los magistrados estatales reciben la potestad de decretar su expulsión.

El pronunciamiento judicial no expuso una argumentación detallada, limitándose a levantar la restricción impuesta por la instancia inferior sobre regulaciones clave, tales como la sanción por reingreso irregular que afecta incluso a quienes regularizaron su situación posteriormente, las facultades de expulsión otorgadas a los jueces estatales y los castigos por desobedecer dichos mandatos.

La norma en cuestión fue promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en diciembre de 2023, y tipifica como delito estatal la entrada al territorio desde el extranjero por lugares no habilitados como puertos de ingreso legales. La primera infracción se califica como un delito menor, pero las reincidencias y la negativa a cumplir las órdenes de salida del territorio contemplan penas que pueden alcanzar los 20 años de privación de libertad.

El dictamen se inserta en un extenso proceso legal respecto a la normativa. Un tribunal de distrito bloqueó la ley en febrero de 2024, medida que fue respaldada por el Quinto Circuito al mes siguiente; sin embargo, en abril de 2026, el pleno de dicho tribunal de apelaciones revocó la restricción por 10 votos contra 7, al determinar que las organizaciones demandantes carecían de legitimidad activa para impugnar el texto, sin pronunciarse sobre el fondo constitucional. Ante esto, diversas entidades de derechos civiles iniciaron una nueva acción colectiva en mayo de 2026, obteniendo una medida precautoria que ahora fue suspendida por el panel judicial.

Quienes se oponen a la legislación sostienen que esta invade las competencias exclusivas que la Constitución estadounidense otorga al gobierno federal en materia de inmigración, fundamentándose en precedentes de la Corte Suprema que en 2012 invalidaron normativas similares en otros estados. En tanto, la postura que defiende la validez de la ley argumenta que las facultades de Texas se amparan en las prerrogativas constitucionales de protección territorial del estado, un debate que podría ser resuelto definitivamente por el máximo tribunal norteamericano.

Vea texto de la ley.