Tribunal de EE.UU. confirma suspensión de recortes de fondos federales para investigación médica

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos ratificó la vigencia de una medida cautelar que impide la aplicación de reducciones presupuestarias en los programas de investigación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). La decisión judicial confirma la postura de un juez de instancia, estableciendo que la propuesta de la agencia federal para limitar el reembolso de costos indirectos podría haber excedido el marco de sus atribuciones legales y regulatorias.

Durante el proceso, el NIH sostuvo que la controversia debía ser tramitada ante el Tribunal de Reclamaciones Federales, argumentando que el conflicto derivaba de acuerdos de costos negociados que poseen naturaleza contractual bajo la Ley Tucker. No obstante, el panel de jueces desestimó este planteamiento, señalando que la acción de los demandantes no busca compensaciones monetarias por compromisos pasados, sino que cuestiona la legalidad de una directriz institucional de carácter prospectivo. Esta distinción permitió radicar la competencia del caso en los tribunales de distrito.

La disputa se originó por el intento de la agencia de fijar un techo del 15 % para los costos indirectos, los cuales abarcan el mantenimiento de infraestructuras y equipos necesarios para la ejecución de múltiples estudios. Históricamente, estos montos se calculaban mediante porcentajes variables ajustados a cada proyecto y formalizados en acuerdos específicos. El fallo subraya que la intención del Congreso ha sido preservar este modelo de negociación individualizada, impidiendo que la autoridad administrativa lo reemplace por una tasa estándar sin la debida autorización legislativa.

La sentencia también aborda las posibles consecuencias institucionales de implementar la restricción de fondos, mencionando las advertencias de los demandantes sobre el riesgo de cierre de laboratorios y la interrupción de investigaciones críticas. El tribunal destacó el papel fundamental de estos recursos en el desarrollo de tratamientos para patologías como el cáncer, la diabetes y el Alzheimer, así como en la reducción de la mortalidad materna y afecciones cardiovasculares, calificando los beneficios de la investigación financiada como esenciales para la salud pública.

El litigio fue iniciado por una coalición compuesta por 22 fiscales generales, diversas asociaciones médicas y 16 entidades de educación superior. Tras la confirmación de la jurisdicción y el análisis preliminar del fondo, la justicia estimó que la política de recortes presenta indicios de ser una acción arbitraria por parte del gobierno federal. Con este pronunciamiento, el caso continuará su curso judicial mientras se mantiene suspendida la aplicación del nuevo límite tarifario.

Vea texto de la sentencia.