Tribunal de arbitraje falla a favor del Reino Unido frente a demanda de Ruanda por asilos migratorios

El Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya desestimó de forma unánime la reclamación financiera presentada por el Gobierno de Ruanda en contra del Reino Unido, la cual buscaba una compensación económica derivada de la cancelación del Acuerdo de Asociación en Materia de Asilo que mantenían ambos países. La resolución judicial concluye un litigio internacional iniciado a finales del año pasado tras el quiebre definitivo del programa migratorio bilateral.

Este tratado de asilo comenzó a regir originalmente en abril de 2024 con el propósito de trasladar a personas en situación migratoria irregular desde el territorio británico hacia el país africano, donde se procesarían sus solicitudes de protección internacional de conformidad con las normativas globales sobre refugiados. No obstante, el pacto fue rescindido formalmente el 16 de marzo bajo la actual administración del primer ministro británico, Keir Starmer, lo que motivó la posterior demanda de Ruanda ante los tribunales internacionales.

La representación de Ruanda sostenía que el Reino Unido había vulnerado los compromisos de financiamiento y reasentamiento establecidos en el acuerdo original. La reclamación exigía un pago de 50 millones de libras esterlinas correspondientes a la segunda anualidad del plan, más 10.4 millones de libras por la tercera etapa, sumado a una indemnización adicional de 6 millones de libras o una disculpa formal por no haber recibido a un porcentaje de refugiados vulnerables de origen ruandés.

Por su parte, la defensa del Reino Unido argumentó ante el tribunal de La Haya que, tras el cambio de autoridades gubernamentales en las elecciones británicas de 2024, se optó por abandonar la iniciativa de traslado y se notificó de inmediato la cancelación del programa. El dictamen de la corte arbitral respaldó la postura británica al constatar que las autoridades de Ruanda habían aceptado previamente, mediante una modificación del documento original en noviembre de 2024, eximir al Estado europeo de realizar futuros desembolsos financieros vinculados a la ejecución del plan de asilo.

Vea texto de la sentencia.