Tribunal Constitucional de Portugal declara inconstitucional reforma a Ley de Nacionalidad

El Tribunal Constitucional de Portugal emitió una sentencia definitiva en la que declaró la inconstitucionalidad de diversas normas contenidas en la reciente reforma a la Ley de Nacionalidad. El dictamen surge tras el requerimiento presentado por el Partido Socialista, tercera fuerza política parlamentaria, cuyos legisladores argumentaron que las modificaciones introducidas al texto legal vigente desde 1981 transgredían garantías fundamentales consagradas en la Constitución portuguesa, tales como la igualdad ante la ley y la proporcionalidad en la restricción de derechos.

La reforma legislativa planteaba un endurecimiento significativo en los criterios de naturalización. Entre las medidas cuestionadas se encontraba la extensión del requisito de residencia legal, que aumentaba de cinco a diez años para el régimen general, y de cinco a siete años para los ciudadanos provenientes de la Unión Europea y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Asimismo, la nueva normativa pretendía modificar el cómputo del plazo de residencia, estableciendo su inicio desde la emisión de la tarjeta de residencia y no desde la solicitud inicial, además de introducir causales de pérdida de nacionalidad vinculadas a condenas penales graves.

En su análisis de fondo, el Tribunal objetó cuatro disposiciones clave. Respecto a la norma que denegaba automáticamente la nacionalidad a personas condenadas a penas de prisión de dos años o más, el tribunal consideró que dicha medida constituía una restricción desproporcionada al derecho de acceso a la ciudadanía. El fallo subrayó que la Constitución prohíbe que una condena penal implique, de manera necesaria y automática, la pérdida de derechos civiles, profesionales o políticos, reafirmando la necesidad de valorar cada caso en concreto.

Por otra parte, los jueces constitucionales desestimaron la validez de la disposición que permitía revocar la nacionalidad por actos contra la comunidad nacional, sus instituciones o símbolos. El argumento central del tribunal fue la falta de taxatividad de la norma, al no precisar con claridad qué conductas específicas configurarían dicha causal, lo que podría derivar en arbitrariedades. Un razonamiento similar se aplicó a la cláusula sobre la consolidación de la nacionalidad en casos de fraude manifiesto, la cual fue anulada por no ofrecer criterios objetivos para distinguir entre una adquisición fraudulenta simple y una manifiesta.

Finalmente, el Tribunal abordó la cuestión de los plazos de residencia y su aplicación temporal. La sentencia sostuvo que las modificaciones a los períodos de calificación vulneraban el principio de confianza legítima y las expectativas de derecho de aquellas personas que ya mantenían solicitudes pendientes bajo el amparo del régimen jurídico anterior. En consecuencia, y debido a los vicios de inconstitucionalidad detectados, la reforma no podrá entrar en vigor en los términos aprobados por el Parlamento, manteniéndose la vigencia de la actual Ley de Nacionalidad hasta la promulgación de un nuevo texto corregido.

Vea sentencia Tribunal Constitucional de Portugal.