Tribunal británico condena a prisión a ex eurodiputado galés que aceptó sobornos de políticos vinculados al gobierno ruso

El exrepresentante galés en el Parlamento Europeo y antiguo dirigente de Reform UK, Nathan Gill, fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel tras admitir ante el Tribunal Penal Central del Reino Unido que aceptó pagos provenientes de contactos vinculados a Rusia. La resolución fue dictada de acuerdo con la Sección 2 de la Ley Antisoborno de 2010.

Gill, quien ejerció como eurodiputado entre 2014 y 2020, reconoció ocho cargos relacionados con la recepción de dinero entre diciembre de 2018 y julio de 2019. Durante ese periodo, según la fiscalía, incorporó mensajes prorrusos en declaraciones oficiales dentro de sus funciones parlamentarias. Estas actuaciones quedaron registradas en varias intervenciones públicas y comunicaciones internas.

La investigación identificó a Oleg Voloshyn, exmiembro del Parlamento ucraniano, como la persona que habría coordinado los pagos. El expediente judicial también mencionó a Victor Medvedchuk, dirigente del partido ucraniano Plataforma de Oposición por la Vida, como presunto financista del esquema. Gill habría conocido a ambos a través de su participación en el foro mediático “Ucrania 112”.

La detención del exparlamentario se produjo en 2021 en el aeropuerto de Mánchester. El examen forense de su teléfono permitió documentar intercambios de mensajes entre Gill y las otras dos figuras investigadas, lo que reforzó las pruebas presentadas.

Uno de los cargos detalló que Gill habría coordinado entrevistas con eurodiputados de distintas regiones de Inglaterra y un parlamentario alemán para el canal Ucrania 112, a partir de un guion elaborado por Voloshyn. A cambio, según el expediente, se le ofreció un pago de 5.000 euros. Otro cargo señaló que se le propuso una suma adicional de 2.000 euros para emitir comentarios críticos hacia el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y favorables a Medvedchuk en una entrevista.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza del caso destacó la importancia del criterio independiente en el ejercicio de cargos representativos, señalando que las actuaciones de Gill contravenían los estándares exigidos a quienes ocupan funciones públicas.

Vea texto de la sentencia.