Tribunal argentino condena solidariamente a fabricante y concesionaria por falta de información ante discontinuidad de automóvil adquirido por cliente

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón (Argentina) revocó una sentencia de primera instancia y dictó condena solidaria contra un fabricante de vehículos, una administradora de planes de ahorro y una concesionaria. El tribunal intervino tras la demanda de un suscriptor de un plan para un modelo Ford EcoSport, quien denunció que la producción del vehículo fue discontinuada sin que se le brindara información clara ni se cumplieran los procedimientos previstos para estos casos.

Los magistrados fundamentaron la resolución en el incumplimiento de las Condiciones Generales del contrato y de la normativa de defensa del consumidor. Según el expediente, ante la supresión de un modelo, la administradora debía convocar a una reunión de adherentes para definir los pasos a seguir, medida que no fue acreditada en la causa. El tribunal determinó que las demandadas conocían la salida del modelo del mercado con antelación, pero no informaron fehacientemente al usuario mientras continuaban percibiendo los pagos de las cuotas.

El fallo dedica un apartado al análisis de los correos electrónicos presentados por las empresas para intentar demostrar que el consumidor había sido notificado. El tribunal señaló que para que este sea valido, la dirección debe estar correctamente consignada y el envío debe ser probado de forma técnica. En este caso, se detectaron discrepancias entre las cuentas de correo mencionadas en la documentación y no se realizó una pericial informática que confirmara la recepción de los mensajes de datos.

Asimismo, la sentencia abordó la validez de los enlaces URL aportados como prueba por la parte demandada para justificar una supuesta adjudicación por sorteo. El tribunal verificó que los localizadores de recursos proporcionados no contenían la información alegada o remitían a periodos temporales distintos. Ante la falta de precisión, los jueces consideraron que estas pruebas no resultaban idóneas para sustentar la defensa de las empresas involucradas.

Finalmente, la Cámara aplicó el criterio de conexidad contractual para extender la responsabilidad de forma solidaria a los tres entes demandados. La resolución establece que la fabricante, la administradora y la concesionaria forman parte de una estructura organizada con una finalidad común. Bajo esta premisa, el tribunal concluyó que todas las entidades deben responder ante el consumidor por la falta de transparencia y el incumplimiento del deber de información adecuada previsto en el marco legal vigente.

Vea sentencia Cámara Civil y Comercial de Morón.