TEDH inadmite demanda que juez ucraniano interpuso contra oficina anticorrupción de su país por presunta campaña de desprestigio

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó un fallo unánime, declarando la inadmisibilidad de la demanda interpuesta por el expresidente del Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev. El juez accionante acusaba a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) de dirigir una campaña pública de desprestigio en su contra a través de diversas plataformas digitales. Esta resolución tiene carácter final y se fundamenta en el incumplimiento de requisitos procesales ante las instancias judiciales del Estado ucraniano.

La controversia se originó a raíz de una serie de publicaciones realizadas por la oficina anticorrupción en los años 2019 y 2020, las cuales contenían extractos de grabaciones de audio obtenidas mediante intervenciones telefónicas en el despacho del magistrado. El demandante sostuvo que dicho material sugería su culpabilidad en delitos penales antes de existir una sentencia firme, lo que habría afectado su reputación y el principio de presunción de inocencia protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos.

No obstante, el TEDH determinó que el afectado debió recurrir a las acciones civiles de protección del honor, la dignidad y la reputación profesional contempladas en el Código Civil de su país. En lugar de iniciar un litigio civil, el interesado optó por presentar una denuncia penal ante la Oficina Estatal de Investigación.

El TEDH consideró que esta vía no representaba un recurso efectivo para sus pretensiones específicas, estableciendo que el demandante no cumplió con la obligación de agotar todos los remedios legales disponibles a nivel nacional.

Respecto a las alegaciones sobre la falta de un recurso efectivo y la supuesta existencia de motivos ocultos tras las actuaciones estatales, el organismo judicial también desestimó estos cargos. El fallo indica que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que las publicaciones de la agencia anticorrupción tuvieran como objetivo oculto desacreditar al magistrado o ejercer presión sobre el sistema judicial. En consecuencia, las quejas relativas a la limitación de derechos con fines ajenos a los previstos por la ley fueron declaradas manifiestamente mal fundadas.

Los hechos que motivaron la demanda se enmarcan en un contexto de múltiples procesos penales vinculados a investigaciones sobre las protestas del Euromaidán ocurridas entre 2013 y 2014. Durante el desarrollo de estas causas, se divulgaron informaciones sobre presuntos esquemas delictivos que involucraban a diversos integrantes del Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev. Actualmente, los procedimientos judiciales seguidos en contra del juez en territorio ucraniano se mantienen en estado de tramitación.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.