Senado de Canadá aprueba normativa que penaliza esterilización forzada

El Senado de Canadá aprobó el proyecto de ley S-228, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la esterilización forzada y coaccionada. La iniciativa completó su último debate en la cámara alta y quedó lista para recibir la sanción real que la convertirá en ley.

La reforma prohíbe realizar cualquier procedimiento de esterilización sin el consentimiento libre y voluntario del paciente. La ley clasifica esta conducta como un delito de lesiones o mutilaciones, con penas de cárcel que pueden alcanzar un máximo de 14 años para quienes la infrinjan.

El texto legal detalla que la prohibición abarca el corte, ligadura o cauterización parcial o total de las trompas de Falopio, los ovarios o el útero. También incluye cualquier otra intervención que impida de forma permanente la reproducción, sin importar si el proceso se puede revertir con cirugías posteriores.

La propuesta actual la impulsó la senadora Yvonne Boyer bajo el nombre de proyecto S-228, luego de que una versión anterior, el proyecto S-250, quedara archivada por el cambio de gobierno federal.

Esta enmienda responde al historial de esterilizaciones forzadas en Canadá, una práctica que afectó principalmente a mujeres indígenas, inuit y métis por motivos de racismo y discriminación. Hasta la década de 1970, provincias como Alberta y Columbia Británica mantuvieron leyes eugenésicas que obligaban a esterilizar a personas con discapacidades mentales, y muchas veces se exigía esta operación como condición para dar de alta a pacientes de comunidades originarias en centros de salud.

Desde el Círculo de Sobrevivientes por la Justicia Reproductiva señalaron que la ley es un paso clave para hacer justicia, proteger a las nuevas generaciones y dar claridad a los médicos sobre las exigencias del consentimiento informado y el derecho a la autonomía corporal.

Vea texto aprobado.