Puerto Rico modifica plazos y requisitos prescritos en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, ha promulgado el Proyecto del Senado 63, una iniciativa legislativa que introduce cambios sustanciales en la normativa que regula el acceso a los registros públicos en el territorio. Este nuevo estatuto modifica la Ley de Transparencia y Procedimiento Acelerado para el Acceso a la Información Pública, vigente desde 2019, la cual opera bajo principios análogos a la Ley de Libertad de Información federal de los Estados Unidos, estructurando el flujo de datos entre la administración y la ciudadanía.

Uno de los aspectos centrales de la reforma recae en la extensión de los plazos administrativos. La nueva ley duplica el tiempo del que dispone el gobierno para responder a los requerimientos ciudadanos. Dependiendo de la naturaleza de la agencia interpelada, los plazos de respuesta aumentan de 10 a 20 días hábiles, o de 15 a 30 días hábiles, otorgando a los organismos públicos un margen temporal más amplio para el procesamiento de las solicitudes.

En cuanto a la admisibilidad de las peticiones, la enmienda establece requisitos técnicos más rigurosos. Para que una solicitud se considere válida, el peticionario debe proporcionar tanto una dirección postal como una dirección de correo electrónico para efectos de notificación. Asimismo, el documento debe dirigirse obligatoriamente y de manera simultánea al director de la agencia correspondiente y al Oficial de Información designado. Aquellas solicitudes que no cumplan con este direccionamiento dual serán consideradas defectuosas por la administración.

El procedimiento interno dicta que, tras la recepción de una solicitud conforme a derecho, el Oficial de Información deberá asignar un número de referencia y comunicar su recepción al interesado mediante correo electrónico, fax o servicio postal. Respecto al soporte de la información, si bien la norma contempla la entrega en el formato requerido por el solicitante, se introduce una excepción económica: el gobierno queda facultado para divulgar los datos en el formato que resulte menos costoso para el erario público en aquellos casos donde la entrega en el formato original implique gastos extraordinarios.

La legislación también robustece el deber de fundamentación y el control judicial. Las decisiones administrativas que denieguen el acceso a la información pública deberán consignar por escrito los fundamentos legales que justifican dicha negativa. Ante una resolución denegatoria notificada, el ordenamiento jurídico habilita a cualquier persona afectada para interponer un recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial de San Juan, centralizando allí la competencia para dirimir estas controversias.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el estatuto incorpora un régimen sancionatorio pecuniario. Las agencias gubernamentales que infrinjan los nuevos mandatos estarán sujetas a multas de 100 dólares por cada día de incumplimiento, estableciéndose un límite máximo de responsabilidad financiera de 18.000 dólares.

La entrada en vigor de esta normativa coincide con un periodo de análisis sobre la transparencia gubernamental en la jurisdicción estadounidense. Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. fue objeto de una demanda por la presunta retención de material audiovisual vinculado a investigaciones sobre esquemas de soborno que involucraban a altos exfuncionarios de inmigración. Paralelamente, reportes de prensa internacional han evidenciado que una proporción minoritaria de los estados norteamericanos cuenta con entidades especializadas para resolver disputas sobre el acceso a registros o reuniones públicas.

Vea texto de la ley.