Prórrogas de aprobación de sustancias de productos fitosanitarios deben evaluarse caso a caso y no automáticamente, resuelve el TGUE.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló las decisiones de la Comisión Europea que rechazaron revisar internamente las prórrogas concedidas a tres sustancias activas utilizadas en productos fitosanitarios: boscalid, dimoxistrobina y glifosato. Las solicitudes de revisión habían sido presentadas por distintas organizaciones medioambientales tras la aprobación de reglamentos que extendieron nuevamente los periodos de autorización de estas sustancias mientras se evaluaban sus respectivas renovaciones.

De acuerdo con la normativa europea, la autorización de una sustancia activa para su incorporación en productos fitosanitarios se otorga por un periodo limitado y puede renovarse tras un análisis técnico. La Comisión tiene, además, la facultad de conceder prórrogas temporales cuando exista la posibilidad de que la aprobación expire antes de que concluya el proceso de renovación. Sin embargo, estas extensiones deben responder a circunstancias específicas y no aplicarse de forma automática.

En su resolución, el Tribunal General subrayó que la prórroga constituye un mecanismo excepcional, condicionado al estudio de la situación particular de cada sustancia. Añadió que la duración de una extensión debe calcularse en función del tiempo estrictamente necesario para completar la tramitación de la renovación, evitando tanto periodos excesivos como extensiones sucesivas que no respondan a una evaluación individualizada.

El Tribunal también precisó que la prórroga solo procede cuando el retraso en el procedimiento no sea atribuible al solicitante. Por ello, la Comisión debe examinar detenidamente si el interesado contribuyó, directa o indirectamente, a las demoras observadas, incluyendo aspectos como la calidad de los datos entregados para la evaluación. La ausencia de este análisis, señaló el Tribunal, vulnera los requisitos establecidos por el Derecho de la Unión.

A partir de estas consideraciones, el Tribunal determinó que la Comisión aplicó de manera incorrecta la normativa y que ello justifica la anulación de las decisiones que rechazaron las solicitudes de revisión interna. De esta forma, las instituciones correspondientes deberán adoptar las medidas necesarias para corregir las consecuencias jurídicas derivadas de dicha anulación.

“La Comisión debe evaluar caso por caso la duración de la prórroga, y esta debe ser suficiente para que pueda examinarse la solicitud de renovación de cada sustancia activa. Dicho período solo debe durar el tiempo necesario para tramitar íntegramente el procedimiento de renovación, ni más ni menos. Por lo tanto, es contrario al Derecho de la Unión el criterio seguido por la Comisión de conceder prórrogas más breves y, en su caso, repetidamente, en lugar de conceder una sola prórroga más larga calculada en función de las circunstancias de cada caso concreto”, señala el fallo.

Vea sentencia Tribunal General de la Unión Europea.