Presidente Trump retira demanda contra entidades tributarias por filtración de información fiscal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un desistimiento definitivo de la demanda civil por diez mil millones de dólares que mantenía en contra del Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La acción de retiro voluntario fue ingresada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, poniendo fin de esta manera al litigio relacionado con el resguardo de sus antecedentes financieros.

La controversia judicial se inició en enero, cuando el mandatario acusó a ambas agencias gubernamentales de no proteger su información impositiva de carácter confidencial. Los antecedentes del caso se vinculan con las acciones de Charles Littlejohn, un antiguo contratista del organismo tributario que fue condenado en 2024 a una pena de cinco años de prisión tras filtrar los registros fiscales de Trump y de otros ciudadanos de altos ingresos a diversos medios de comunicación.

El retiro de la acción legal ocurrió 48 horas antes del vencimiento del plazo otorgado por la magistrada. La jueza había requerido formalmente a las partes fundamentar la viabilidad del proceso, debido a los cuestionamientos jurídicos sobre la existencia de una real contraposición de intereses, considerando que el demandante ejerce simultáneamente como jefe del poder ejecutivo y líder directo de las entidades estatales que figuraban como demandadas.

Este desistimiento coincide con la difusión de un reporte periodístico de ABC News que señala la negociación de un acuerdo por parte del Departamento de Justicia. Según dicha información, Trump aceptaría retirar esta causa junto a otras reclamaciones valoradas en 240 millones de dólares vinculadas al registro de su residencia en Mar-a-Lago y a las indagaciones sobre los nexos con Rusia, a cambio del establecimiento de una comisión especial de verdad y justicia.

La instancia propuesta contaría con un presupuesto de 1776 millones de dólares, cifra que hace alusión al año de la declaración de independencia de los Estados Unidos, cuyo aniversario número 250 se conmemorará formalmente durante la época estival. Este fondo se financiaría mediante recursos de asignación directa del Tesoro que no requieren la aprobación del Congreso, y sería administrado por cinco comisionados designados mayoritariamente por el fiscal general, quienes podrían ser removidos por el Ejecutivo sin causa justificada. El propósito de la entidad sería indemnizar a personas afectadas por supuestas persecuciones estatales, incluyendo potencialmente a los procesados por los eventos del seis de enero.

Ante el desistimiento automático de la demanda, un grupo de cerca de cien legisladores demócratas de la Cámara de Representantes ingresó un escrito ante el tribunal bajo la figura de amicus curiae. Los parlamentarios solicitaron examinar el trasfondo del retiro, argumentando que existe un conflicto de intereses insalvable entre el rol personal del demandante y su potestad sobre las instituciones estatales y los abogados del gobierno que debían contestar la acción judicial.

El desistimiento se amparó en las reglas federales de procedimiento civil, lo que implica una finalización automática que deja al tribunal sin competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto, aunque mantiene la facultad de revisar eventuales sanciones disciplinarias contra los profesionales del derecho. Cualquier impugnación posterior respecto a la creación o funcionamiento del fondo de compensación propuesto deberá tramitarse mediante una acción legal independiente.

Vea escrito judicial.