Parlamento de Ghana aprueba normativa que penaliza actividades LGBTQ+

El parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley que establece sanciones penales para quienes realicen acciones de difusión, financiamiento o defensa de las actividades de los colectivos LGBTQ+. La denominada normativa sobre Derechos Humanos, Sexuales y Valores Familiares contempla castigos de privación de libertad que pueden alcanzar la década de reclusión para las personas u organizaciones que apoyen este tipo de causas dentro del territorio nacional.

La iniciativa jurídica representa una continuidad en las políticas de control hacia las minorías sexuales observadas en la región de África Occidental. Los sectores religiosos y conservadores locales impulsaron la tramitación bajo el argumento de salvaguardar las tradiciones culturales y el núcleo familiar del país. En contraparte, entidades de alcance global como Amnistía Internacional y Human Rights Watch manifestaron su rechazo, señalando que la entrada en vigencia del texto legal significará un retroceso institucional en materia de garantías fundamentales, igualdad ante la ley y libertad de expresión.

Esta deliberación parlamentaria corresponde a una revisión de una propuesta previa que fue visada por el Congreso en 2024, pero que perdió validez legal al no recibir la firma del entonces mandatario Nana Akufo-Addo antes del término de su periodo gubernamental, de acuerdo con las reglas constitucionales de Ghana. La versión actual incorpora apartados específicos que eximen de responsabilidad criminal a los profesionales del área de la salud, a los trabajadores de los medios de comunicación y a los abogados, permitiendo la continuidad de las asistencias médicas, psicológicas y de representación judicial.

El escenario para la ratificación del proyecto presenta diferencias respecto al proceso anterior debido al cambio en la jefatura de Estado. Sectores políticos estiman que la actual administración liderada por John Dramani Mahama muestra una postura más definida frente a las reformas de carácter social, lo que reduce las posibilidades de un nuevo freno por parte del Poder Ejecutivo. Esto ocurre en un contexto continental donde una treintena de naciones africanas mantienen vigentes estatutos punitivos contra las relaciones entre personas del mismo sexo, con sanciones que varían desde penas de cárcel extensas hasta la pena capital en determinadas jurisdicciones.

Vea texto legislativo.