Parlamento de Canadá aprueba ley que endurece penas por delitos violentos

El parlamento de Canadá aprobó una reforma legal que modifica el Código Penal, la Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Defensa Nacional, introduciendo más de ochenta cambios normativos destinados a endurecer las condiciones de reclusión preventiva y las penas asociadas a delitos de carácter violento. La iniciativa, identificada como proyecto de ley C-14, fue ratificada por la Cámara de los Comunes tras desestimar una propuesta del Senado que buscaba otorgar un mayor margen de discrecionalidad a los jueces al momento de aplicar las medidas.

El cambio principal de la normativa radica en la inversión de la carga de la prueba durante las audiencias de fianza para casos que involucren violencia. Con este diseño legal, la obligación de fundamentar la solicitud recae directamente en el imputado, quien debe probar ante el tribunal que su puesta en libertad no afectará la seguridad de la ciudadanía ni menoscabará la confianza en el sistema judicial.

La ley delimita el alcance del criterio de moderación fijado previamente por el Tribunal Supremo del país, precisando que el principio de favorecer la libertad con restricciones mínimas deja de operar si se constata un riesgo para la población. En materia de determinación de penas, la reforma establece directrices más severas que incluyen la obligatoriedad de condenas consecutivas para ilícitos como incendios provocados, extorsión y delitos violentos.

Asimismo, las modificaciones al Código Penal impiden a la magistratura sustituir penas privativas de libertad inferiores a dos años por regímenes de arresto domiciliario cuando los antecedentes correspondan a agresiones sexuales o abusos contra menores de edad. Junto con esto, se reincorpora la sanción de prohibición de conducir vehículos para casos de negligencia con resultado de muerte, revirtiendo un fallo judicial de 2024.

La promulgación de la normativa generó posturas encontradas entre diversos sectores civiles e institucionales. Representantes de las policías locales respaldaron la medida bajo el argumento de que prioriza el resguardo de la comunidad frente a delincuentes reincidentes, especialmente tras hechos de violencia con armas de fuego ocurridos en la provincia de Ontario.

Por el contrario, organismos de libertades civiles cuestionaron la falta de evidencia estadística respecto a si el endurecimiento de las fianzas disminuye la reincidencia, advirtiendo un probable empeoramiento de las condiciones de habitabilidad dentro de los centros de detención preventiva.

Vea texto aprobado.