ONU publica informe que denuncia destrucción y ocupación de tierras de la etnia rohinyá por parte de autoridades de Myanmar

El Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar (IIMM) informó sobre la destrucción y posterior ocupación de propiedades pertenecientes a la comunidad rohinyá durante las operaciones militares desarrolladas en 2017 en el estado de Rakhine. Según un informe publicado recientemente, las acciones afectaron viviendas, mezquitas, comercios y tierras agrícolas, que tras el desplazamiento de sus habitantes fueron utilizadas con fines militares o administrativos.

El informe, titulado “La destrucción y el despojo de tierras y propiedades rohinyá durante las operaciones de limpieza de 2017 – Resumen público”, recopila información procedente de testimonios de testigos, material audiovisual, registros oficiales y análisis de imágenes satelitales. El documento examina diversas zonas del norte de Rakhine, incluyendo la aldea de Myo Thu Gyi, donde anteriormente existían más de 800 edificaciones. Para 2018, alrededor de 167 hectáreas de terreno habían sido transformadas en una base de la Policía de Fronteras (BGP).

El mecanismo señala que el Ministerio del Interior habría financiado y dirigido la expansión de las instalaciones de la BGP, mientras que esta fuerza habría ocupado directamente propiedades confiscadas. Entre las corporaciones involucradas se menciona a Asia World Company, que participó en la construcción de carreteras, bases y puestos de seguridad en áreas previamente habitadas por la población rohinyá.

El IIMM subraya que la desaparición física de muchas aldeas plantea desafíos significativos para el eventual retorno de las personas desplazadas. En su declaración, el organismo sostuvo que “en numerosos casos, los hogares y aldeas ya no existen”, destacando la necesidad de establecer mecanismos de restitución o asistencia para garantizar una repatriación segura, voluntaria y sostenible.

Las operaciones de 2017 provocaron la salida de más de 700.000 personas rohinyá hacia Bangladesh, en un contexto de desplazamientos prolongados y tensiones étnicas en la región. Los hechos continúan bajo examen en distintos foros internacionales: ante la Corte Internacional de Justicia, donde Gambia ha denunciado a Myanmar por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio, y ante la Corte Penal Internacional, que analiza posibles delitos relacionados con deportaciones transfronterizas.

El Mecanismo de Investigación Independiente, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018, indicó que seguirá recopilando, preservando y analizando evidencia para respaldar eventuales procesos judiciales. El documento público divulgado resume un informe confidencial más extenso que contiene la identificación de empresas y personas, información que será puesta a disposición de las autoridades competentes en el marco de los procedimientos pertinentes.

Vea informe de la ONU.