ONU pide investigar aumento de muertes en centros de detención para migrantes en EE.UU.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, requirió la apertura de procesos indagatorios autónomos para esclarecer los fallecimientos registrados en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La petición surge ante el incremento de decesos en los recintos de confinamiento de extranjeros, por lo que la autoridad internacional emplazó al gobierno federal a implementar correcciones urgentes que eviten nuevos casos.

Los registros de la ONU indican que las muertes bajo la responsabilidad del organismo de seguridad suman un total de 52 personas desde el inicio de 2025. Este periodo coincide con la restitución de las directrices de fiscalización fronteriza aplicadas tras el retorno de Donald Trump a la presidencia, contabilizándose 33 pérdidas de vidas durante el año anterior, a las que se adicionan 18 casos en los primeros cinco meses del presente año y un evento más reportado en el transcurso de junio.

Türk recordó que las normativas globales sobre derechos fundamentales imponen a los Estados el deber estricto de tutelar la vida de la población, resguardo que se vuelve prioritario cuando el individuo se encuentra privado de libertad por razones administrativas. Bajo esta premisa, recalcó que el soporte sanitario oportuno y las garantías de habitabilidad básicas constituyen derechos inalienables durante el periodo de permanencia en dichas dependencias.

Por su parte, la organización Human Rights Watch coincidió con el diagnóstico y advirtió que los protocolos de la agencia de inmigración obligan a la entrega formal de los antecedentes clínicos y los resultados de las auditorías internas a los familiares de los fallecidos. Pese a esta reglamentación, un análisis técnico elaborado por Médicos por los Derechos Humanos determinó que en una muestra de 39 expedientes estudiados existió una omisión de datos públicos esenciales, impidiendo que especialistas externos evaluaran las atenciones de salud entregadas.

La máxima autoridad de derechos humanos de la ONU ya había manifestado reparos previos respecto a las modalidades operativas empleadas en las fiscalizaciones territoriales. Las objeciones apuntan a que los arrestos de personas en situación irregular se han ejecutado en entornos sensibles como recintos hospitalarios, dependencias judiciales, colegios, templos religiosos y espacios residenciales, recordando que las normativas internacionales prohíben la fuerza letal salvo ante peligros de muerte actuales e inevitables.

La población recluida en la red de establecimientos de la agencia de control migratorio supera en la actualidad las 60.000 personas, cifra que contrasta con los 40.000 internos contabilizados al inicio del año anterior, existiendo proyecciones institucionales para expandir los cupos de albergue hasta las 90.000 plazas antes del término del próximo año. Los reportes sectoriales concluyen que el índice de mortalidad en estas dependencias se posiciona en su punto más crítico de los últimos diez años, sobrepasando los registros del primer mandato de Trump y la crisis de la pandemia.

Vea declaración oficial.