Myanmar contesta acusaciones en su contra por presunto genocidio étnico ante la Corte Internacional de Justicia

La representación del Estado de Myanmar inició formalmente su etapa de defensa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con el procedimiento instado por Gambia. Durante la sesión, el agente Ko Ko Hlaing ratificó el compromiso de su país con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, aunque descartó categóricamente cualquier incumplimiento de las obligaciones internacionales. La posición oficial sostiene que una sentencia condenatoria afectaría la integridad institucional y la reputación de la nación, dada la gravedad de los cargos imputados.

El núcleo de la argumentación técnica de Myanmar se basa en la naturaleza de los despliegues militares ocurridos durante los años 2016 y 2017 en el norte del estado de Rakáin. Según la defensa, estas intervenciones fueron estrictamente operaciones antiterroristas destinadas a garantizar la seguridad interna y no respondieron a una intención genocida. Asimismo, se planteó una interpretación sociopolítica sobre la identidad de la población afectada, señalando que los grupos musulmanes de la región comparten vínculos culturales y étnicos con las poblaciones del país vecino, Bangladesh, lo que a su juicio influye en la percepción del conflicto.

En el plano del derecho internacional procesal, el profesor Stefan Talmon intervino para analizar el estándar de prueba aplicable. La defensa sostuvo que, en casos de esta magnitud, la carga probatoria debe ser extremadamente rigurosa, exigiendo que se demuestre la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Talmon advirtió que los argumentos de la contraparte no siguen los precedentes establecidos por la propia Corte en litigios previos, como los enfrentamientos entre Bosnia y Serbia o Croacia y Serbia, donde se aplicó un método deductivo para evaluar la intención estatal.

La jurisprudencia de la CIJ ha sido históricamente restrictiva al calificar el genocidio, habiendo determinado su existencia únicamente en el caso de Srebrenica, e incluso en esa instancia, limitando la responsabilidad del Estado a la omisión en la prevención y no a la ejecución directa. No obstante, Gambia sostiene que existe un patrón sistemático de limpieza étnica que forzó el desplazamiento de más de un millón de personas hacia campos de refugiados en el extranjero, lo que motivó la solicitud de medidas provisionales en 2020 para salvaguardar a la población civil.

Este litigio adquiere una relevancia constitucional y global significativa al permitir que un Estado sin conexión territorial o directa con los hechos actúe como demandante en defensa de intereses colectivos de la humanidad. El desarrollo y la resolución de este caso podrían definir el alcance de las obligaciones universales de los Estados y servir de referencia para otros procedimientos en curso, como la reciente demanda de Sudáfrica respecto a la situación en Oriente Próximo, consolidando el papel de la CIJ como árbitro en crisis humanitarias de escala internacional.

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