Miles de conductores demandan a fabricantes de automóviles por presunta manipulación de emisiones contaminantes

Cientos de miles de conductores británicos han demandado a cinco de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, acusándolos de haber manipulado las pruebas oficiales de emisiones contaminantes en vehículos diésel. La causa, que comenzó esta semana en el Tribunal Superior de Londres, reúne a propietarios de automóviles de las marcas Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan y Peugeot/Citroën.

El proceso, conocido como el “dieselgate británico”, ha congregado a cerca de 850.000 demandantes que alegan haber sido engañados respecto del impacto ambiental y el rendimiento de sus vehículos. Los abogados que representan a los consumidores sostienen que el número total de afectados podría llegar a 1.8 millones, lo que convertiría a este juicio en la mayor demanda colectiva de consumidores en la historia legal del Reino Unido.

El caso gira en torno al uso de presuntos “dispositivos de desactivación”, programas informáticos que detectarían cuándo un vehículo estaba siendo sometido a pruebas oficiales y ajustarían temporalmente el nivel de emisiones para cumplir con los límites fijados por la normativa de la Unión Europea. Fuera de esas condiciones de ensayo, los automóviles habrían emitido cantidades superiores de dióxido de nitrógeno y partículas contaminantes.

Las compañías demandadas han rechazado las acusaciones. Mercedes-Benz ha señalado que sus sistemas están “legal y técnicamente justificados”, mientras que Renault y Stellantis, empresa matriz de Peugeot y Citroën, afirman que sus modelos cumplieron con todas las normas europeas vigentes al momento de su venta. Ford considera la demanda “infundada” y Nissan ha reiterado su compromiso con el cumplimiento normativo en todos los mercados donde opera.

Durante el juicio, las defensas sostendrán que el software en cuestión fue diseñado con el propósito de proteger los motores frente a daños mecánicos, y no para alterar los resultados de las pruebas de emisiones. Este argumento técnico se prevé que sea uno de los ejes centrales del debate judicial.

El proceso ante el Tribunal Superior se extenderá por al menos tres meses y se centrará en una muestra representativa de modelos de las cinco empresas involucradas. No se espera una sentencia definitiva antes de mediados de 2026.