Legisladores canadienses proponen prohibir cambio de partido a parlamentarios sin consentimiento de sus votantes

En la Cámara de los Comunes de Canadá se presentó una iniciativa legal que busca frenar el cambio de partido de los legisladores electos sin una consulta previa a la ciudadanía. El proyecto de ley C-278, ingresado por el representante del Nuevo Partido Democrático, Don Davies, surge tras la incorporación de cinco parlamentarios a la bancada del Partido Liberal, movimiento que le otorgó la mayoría oficialista en la sede legislativa.

La normativa impulsada propone que el escaño de cualquier legislador que abandone su afiliación política original quede vacante de forma automática. De acuerdo con la legislación institucional vigente en el país norteamericano, esta condición obliga a convocar de manera inmediata a comicios complementarios en el distrito electoral correspondiente, con el fin de que la ciudadanía ratifique o modifique su representación.

El debate se intensificó debido a que el partido gobernante no alcanzó la mayoría matemática en las elecciones generales previas, donde obtuvo 169 escaños. La actual ventaja numérica se consolidó tras el traspaso de los parlamentarios conservadores Chris d’Entremont, Michael Ma, Matt Jeneroux y Marilyn Gladu, junto a la legisladora del Nuevo Partido Democrático, Lori Idlout. Estos movimientos generaron tensiones locales, incluyendo denuncias por amenazas virtuales bajo investigación policial y la preparación de acciones judiciales civiles por presunto fraude electoral por parte de votantes de la provincia.

El sistema parlamentario canadiense, estructurado bajo el modelo de Westminster con 304 distritos electorales, ha permitido históricamente esta práctica conocida como cruce de piso. Quienes defienden la tradición argumentan que resguarda la independencia de criterio del legislador frente a las cúpulas partidarias, mientras que mediciones estadísticas recientes de marzo de 2026 reflejan que un 41% de la población respalda la obligatoriedad de una reelección ante estos escenarios. Un intento similar promovido por la misma colectividad en 2012 fue rechazado mayoritariamente por el pleno de la época.

Vea proyecto de ley