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Actualidad Internacional

Medida injustificada

Justicia neerlandesa anula orden para eliminar especie de ciervo en zona del país

Dejó sin efecto una orden gubernamental que pretendía eliminar por completo a estos mamíferos en la provincia de Holanda Meridional. La justicia determinó que las autoridades locales carecen de estudios científicos suficientes que respalden la medida, la cual había sido impugnada por organizaciones animalistas.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·12 de julio de 2026
ciervos en países bajos
Imagen referencial

El Tribunal de Distrito de La Haya (Países Bajos) anuló la orden de la autoridad Provincial de Holanda Meridional que disponía erradicar por completo la población de gamos (especie de ciervo autóctono) en la zona de Hoeksche Waard. La justicia acogió de este modo el recurso presentado por las organizaciones de defensa animal Fauna4Life y Stichting Animal Rights, tras considerar que las autoridades no fundamentaron adecuadamente la necesidad de reducir a cero la presencia de estos mamíferos.

La controversia se originó en 2024, cuando la administración local ordenó la eliminación total de la especie basándose en un informe técnico externo. El municipio argumentaba que el grupo descendía de tres ejemplares escapados de un cautiverio en el año 2000, catalogándolos como animales asilvestrados ajenos al ecosistema natural de la región.

Asimismo, la autoridad justificaba la medida señalando que los gamos generaban riesgos para la seguridad vial y provocaban perjuicios económicos sustanciales en los campos agrícolas locales. En una etapa previa del conflicto, en 2025, un juez de medidas cautelares había permitido limitar provisionalmente el número de gamos a 40 ejemplares mientras se resolvía el fondo de la demanda.

En su fallo definitivo, el tribunal resolvió que el municipio no demostró con certeza que la población estuviera compuesta solo por animales domésticos asilvestrados, ya que registros oficiales muestran avistamientos de gamos en localidades cercanas como Dordrecht y Goeree-Overflakkee, abriendo la posibilidad de que existan ejemplares silvestres en el área.

La sentencia judicial enfatiza que la caza de especies protegidas exige estudios ecológicos profundos y una justificación rigurosa. El tribunal puntualizó que el municipio omitió realizar un análisis genético exhaustivo para comprobar el origen de los animales. Si bien los jueces reconocieron que un crecimiento descontrolado de la especie causaría daños a la agricultura, determinaron que el gobierno local no probó que mantener un grupo controlado de 40 gamos represente un peligro real para los cultivos o la seguridad en las carreteras.

Vea sentencia tribunal de Países Bajos.

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