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Actualidad Internacional

Protección de la infancia

Justicia francesa emite dictamen sobre proyecto de ley relativo a la protección de la infancia

Se evaluó la legalidad de una reforma integral que modifica las normativas civiles, penales y de salud pública para priorizar el acogimiento familiar y endurecer las revisiones de antecedentes de trabajadores en contacto con menores de edad.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·02 de junio de 2026
proyecto de ley relativo a la protección de la infancia
Imagen referencial

El Consejo de Estado de Francia dio a conocer su dictamen respecto a un proyecto de ley que introduce múltiples reformas legales orientadas a reestructurar el sistema de protección de la infancia. La iniciativa legal contempla modificaciones en diversos cuerpos normativos de ese país, tales como los códigos civil, penal, de procedimiento penal, de acción social y de familia, de salud pública y de educación.

Entre sus propósitos centrales se encuentra el fomento del cuidado dentro del entorno familiar por sobre las alternativas institucionales, la priorización de los mecanismos administrativos comunitarios frente a las resoluciones judiciales, y el endurecimiento de los controles de idoneidad para el personal y los voluntarios que trabajan con menores de edad.

Dentro del análisis de las medidas destinadas a otorgar estabilidad a los menores, el órgano consultivo evaluó las restricciones temporales propuestas para las acogidas judiciales y los nuevos criterios para agilizar los procedimientos de abandono parental cuando el retorno con la familia biológica no es viable.

Asimismo, el tribunal validó los mecanismos de adopción simple aplicables a niños bajo tutela pública tras un año de permanencia en el sistema, siempre que se verifiquen dificultades familiares graves y crónicas. El dictamen establece que este tipo de adopción resguarda el interés superior del menor al otorgarle seguridad jurídica sin romper de forma absoluta los lazos con los progenitores biológicos.

En materia de control de idoneidad, el proyecto regula la obligatoriedad de verificar los antecedentes penales de profesionales, voluntarios, tutores y terceros de confianza mediante la consulta a registros especializados de delitos sexuales, violentos y terroristas. Respecto al sector educativo, el Consejo de Estado respaldó las inhabilitaciones para ejercer cargos en escuelas ante condenas graves, pero rechazó la propuesta del Gobierno de eximir a los empleados estatales de ciertas medidas de policía administrativa. El Consejo argumentó que tal exclusión generaría una diferencia de trato injustificada con los trabajadores del sector privado y municipal, afectando el principio de igualdad ante la ley.

Finalmente, el dictamen abordó las regulaciones laborales para los asistentes familiares mediante la creación de un sistema de cuidado de relevo que garantice su derecho al descanso, así como la simplificación de los trámites administrativos para acceder a prestaciones estatales.

Vea texto del dictamen.

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