Justicia francesa dictamina que gobierno tiene el deber de garantizar acceso a plataformas digitales del Estado

El Consejo de Estado de Francia ordenó al gobierno implementar una serie de medidas correctivas en la plataforma de la Administración Digital para Extranjeros en Francia (ANEF). El tribunal administrativo destacó que los servicios públicos digitales, al ser canales obligatorios para diversos trámites, deben garantizar el acceso efectivo de los usuarios, la continuidad del servicio y la capacidad de gestionar los procedimientos de manera eficaz. Según la resolución, las actuales deficiencias técnicas y administrativas comprometen el ejercicio de los derechos fundamentales de los solicitantes de permisos de residencia.

Uno de los puntos críticos señalados por el fallo se refiere a la gestión de los certificados de prórroga de tramitación. El tribunal concluyó que el Estado ha incumplido su obligación de emitir y renovar estos documentos a tiempo. Debido a que estos certificados son indispensables para mantener el estatus legal mientras se procesa la residencia, la justicia ordenó que su expedición ocurra automáticamente si se cumplen los requisitos, sin exigir acciones adicionales al solicitante.

Asimismo, se determinó que la normativa debe actualizarse en un plazo de seis meses, dado que actualmente estos certificados no son reconocidos por otras entidades para acceder a prestaciones sociales o vivienda, a pesar de su validez jurídica. También se exigió aclarar explícitamente los derechos profesionales que otorgan dichos documentos.

En cuanto a la infraestructura de la ANEF, el Consejo de Estado cuestionó la imposibilidad de que los usuarios presenten varias solicitudes de residencia simultáneas o sucesivas por distintos motivos, una limitación que no encuentra respaldo legal. La administración tiene un plazo de doce meses para desarrollar las funcionalidades necesarias en el portal que permitan gestionar estas solicitudes concurrentes. De esta manera, se busca evitar que la denegación de un trámite impida el ejercicio de derechos asociados a otras categorías de residencia.

Finalmente, la resolución exige una mejora en la capacidad de gestión de los expedientes por parte de los propios usuarios. Actualmente, la plataforma impide corregir errores, adjuntar nueva documentación o actualizar información, como cambios de domicilio, lo que deriva en rechazos administrativos injustificados. El tribunal ordenó que, en un plazo máximo de seis meses, el sistema debe habilitar las herramientas necesarias para que los usuarios puedan notificar errores y modificar sus datos, asegurando así un debido proceso en la tramitación de los permisos.

Vea sentencia Consejo de Estado de Francia.