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Corte posee jurisdicción
Justicia filipina confirma orden de detención de senador prófugo a petición de la Corte Penal Internacional
Rechazó por mayoría la solicitud del senador Ronald dela Rosa, quien buscaba impedir que las fuerzas de seguridad ejecuten una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. El fallo habilita el procedimiento internacional en el marco de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, mientras se desconoce el paradero del parlamentario.

El Tribunal Supremo de Filipinas desestimó el recurso presentado por el senador Ronald dela Rosa, mediante el cual pretendía bloquear la ejecución de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional. La decisión permite que las autoridades policiales procedan con el arresto del legislador sin necesidad de requerir autorización previa de un tribunal nacional. La Corte Suprema anunció que los fundamentos jurídicos de esta resolución serán publicados el próximo 25 de mayo.
A pesar del fallo judicial, la situación actual de Dela Rosa es incierta. El senador se encuentra en paradero desconocido tras un incidente armado ocurrido el 13 de mayo en las inmediaciones del Senado estatal. Ante este escenario, el gobierno nacional ha iniciado las indagatorias correspondientes para determinar si el tiroteo fue una maniobra simulada con el propósito de facilitar su evasión de la justicia.
La defensa del senador había argumentado que la Corte Penal Internacional carecía de jurisdicción para dictar la orden de captura, basándose en la retirada oficial de Filipinas del Estatuto de Roma, efectiva desde 2019. Este mismo alegato fue presentado anteriormente por el expresidente Rodrigo Duterte sin obtener resultados favorables ante la instancia internacional.
Los hechos que motivan la investigación se remontan a la gestión de Dela Rosa como jefe de policía, cargo desde el cual supervisó la denominada guerra contra las drogas durante el gobierno de Duterte. Se le imputan cargos por crímenes de lesa humanidad relacionados con la muerte de más de 12.000 personas. Según informes de Human Rights Watch, al menos 2.555 de estos fallecimientos son atribuidos directamente a miembros de la Policía Nacional de Filipinas.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional determinó que existen motivos razonables para estimar que se perpetraron ataques sistemáticos contra la población civil. El tribunal internacional señaló que Dela Rosa realizó contribuciones esenciales al delito de asesinato tipificado en el artículo 7(1)(a) del Estatuto de Roma. Entre las conductas atribuidas se incluyen el uso de su jerarquía para ordenar ejecuciones, la provisión de armamento, la recompensa económica por los crímenes, el fomento de escenarios falsos de legítima defensa para encubrir los hechos y la garantía de impunidad a los perpetradores.
Este caso se suma a los procesos internacionales ya iniciados en el país, incluyendo la detención del expresidente Rodrigo Duterte en marzo de 2025. Diversos organismos, incluida la Organización de las Naciones Unidas, han documentado una cantidad alarmante de muertes y asesinatos policiales durante ese periodo, exigiendo la rendición de cuentas de todos los involucrados.
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