Justicia europea avala parto hospitalario forzoso por riesgo de muerte del feto pese a oposición de la madre

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que la orden judicial dictada en España para ingresar de forma obligatoria a una mujer embarazada en un hospital no vulneró sus derechos fundamentales. La demandante pretendía tener a su hijo en su domicilio, pero los médicos detectaron un peligro inminente de falta de oxígeno y muerte del feto debido a las semanas avanzadas de gestación. El fallo concluyó que la medida adoptada por los tribunales locales fue razonable y proporcionada ante la urgencia médica.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer acudió a una revisión médica tras cumplir 42 semanas y dos días de embarazo. El personal del hospital advirtió riesgos severos para la salud de la madre y del bebé, por lo que propuso inducir el parto. No obstante, la paciente se retiró del centro de salud para consultar con su matrona particular y no regresó. Ante esta situación de desprotección, el recinto médico solicitó la intervención urgente de la justicia.

Un juzgado ordenó el traslado de la mujer en ambulancia y bajo custodia policial para asegurar la atención médica necesaria. Horas más tarde, tras una evolución espontánea del proceso de parto y con el consentimiento de la pareja, los facultativos realizaron una cesárea de emergencia. La menor nació con completamente sana.

Posteriormente, la afectada impugnó la decisión judicial al considerar que se violó su derecho a la libertad personal y a la intimidad, argumentando que no existía una ley específica aplicable a partos domiciliarios de riesgo. El Tribunal Constitucional de España desestimó el recurso señalando que, a falta de una norma expresa, los jueces utilizaron herramientas legales válidas para resguardar la vida del menor por nacer.

El TEDH ratificó este criterio por seis votos contra uno. Los magistrados establecieron que el derecho a elegir las condiciones del parto forma parte de la vida privada, pero recordaron que los Estados disponen de un amplio margen para ponderar los derechos en juego ante riesgos médicos evidentes. Asimismo, se descartó de forma unánime que la mujer sufriera una privación ilegítima de libertad, ya que estuvo acompañada por su pareja en todo momento y la restricción se limitó estrictamente a garantizar un alumbramiento seguro.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.