Justicia de EE.UU. bloquea política migratoria que establece cobros y sanciones laborales a solicitantes de asilo

Un tribunal federal de Estados Unidos dictó una resolución para paralizar provisionalmente la entrada en vigencia de directrices sobre política migratoria. La resolución del juez de distrito impide que miles de personas bajo protección temporal o en trámite de refugio pierdan sus autorizaciones para laborar en el país.

El pronunciamiento versa sobre la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso norteamericano a mediados del año pasado. Aquella legislación autorizó la creación de un cobro anual por tramitación de refugio y restringió el acceso a permisos de trabajo para migrantes procedentes de El Salvador, Sudán y Ucrania.

La acción judicial interpuesta por organizaciones sindicales y grupos de defensa de los derechos de los migrantes cuestiona tres instructivos expedidos por la autoridad del servicio de ciudadanía e inmigración. Entre los puntos impugnados figura el rechazo automático de expedientes y la cancelación de permisos laborales ante la falta de pago de la nueva tarifa sin previo aviso ni derecho a apelación.

Las otras dos directrices objetadas corresponden a la eliminación de la obligación legal de resolver sobre las autorizaciones iniciales de trabajo en un plazo de treinta días y a la vigencia retroactiva de las limitaciones impuestas a los beneficiarios del amparo temporal. La parte demandante adujo que la adopción de estas medidas transgredió la legislación sobre procedimientos administrativos al omitirse las instancias de consulta pública.

Aunque la decisión judicial mantuvo la validez del cobro de la tarifa por solicitud, ordenó congelar las consecuencias derivadas del impago. Con esta decisión se previene temporalmente la terminación de los visados de trabajo, el rechazo automático de peticiones y el inicio de procedimientos administrativos de expulsión del territorio nacional.

El juez advirtió que las repercusiones para la población afectada revestían un carácter severo y fijó la fecha del 5 de agosto como plazo para resolver sobre la medida cautelar definitiva. En el expediente de la causa constan antecedentes jurisprudenciales previos en los que otros tribunales mantuvieron o revocaron protecciones similares según los distintos orígenes nacionales de los solicitantes.

Vea texto de la resolución.