Justicia colombiana dictamina que municipios deben garantizar bienestar de animales sin hogar

La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que ordena a una municipalidad implementar una serie de medidas estructurales para la protección y atención de los animales abandonados. La decisión judicial establece la obligación de planificar la construcción de un centro público de bienestar animal con capacidad adecuada y, de forma transitoria, coordinar operativos sanitarios y de adopción responsable.

El pronunciamiento del tribunal se originó a partir de una acción de tutela que un ciudadano interpuso contra la administración local y las autoridades ambientales. El recurso judicial detallaba deficiencias en la infraestructura, ventilación y asistencia veterinaria del único refugio privado, recinto que albergaba a unos 400 perros y gatos en la comuna.

Aunque el terreno del refugio fue devuelto a sus propietarios por orden legal previa, los magistrados de la Corte decidieron analizar el fondo del asunto debido al riesgo sanitario existente y a la falta de respuestas claras por parte de la municipalidad hacia la petición de la personería.

El dictamen judicial determina que los municipios tienen el deber legal de garantizar la salud pública, la policía sanitaria y el control de la fauna doméstica abandonada. El tribunal constató que la capacidad del refugio privado se encontraba desbordada y que las entidades locales omitieron acciones estructurales de saneamiento.

Como consecuencia, la magistratura ordenó la organización de jornadas trimestrales de adopción, donde los ejemplares sean entregados con sus vacunas y desparasitaciones al día, además de requerir operativos bimestrales de esterilización para la población canina y felina declarada en abandono.

Finalmente, la resolución vincula a la Gobernación, por medio de su Secretaría de Ambiente, para que actúe como organismo supervisor del cumplimiento de estas obligaciones. Mientras se concreta el centro de acogida público, las autoridades deberán mantener la asistencia médica y de vacunación en terreno para los animales en cuestión, reafirmando el estatuto jurídico que reconoce a los animales como seres sintientes y objeto de protección estatal.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-153-26.