Justicia canadiense reconoce violencia de pareja como nuevo ilícito civil

La Corte Suprema de Canadá dictaminó la incorporación de la violencia de pareja dentro de la categoría de ilícitos civiles, una resolución que faculta a las víctimas para demandar reparaciones económicas ante los tribunales de justicia. La determinación fue respaldada por una mayoría de seis magistrados, quienes argumentaron la necesidad de contar con mecanismos legales específicos para abordar este problema, el cual definieron como un perjuicio social perjudicial que afecta directamente la dignidad, autonomía e igualdad de los integrantes de una relación.

Estimó que la normativa anterior resultaba insuficiente para indemnizar de forma adecuada a los afectados, ya que omitía la naturaleza acumulativa del control coercitivo y el impacto desproporcionado que esto tiene sobre la población femenina. Para que una acción judicial prospere bajo este nuevo marco, quien demanda debe demostrar que la contraparte ejerció conductas abusivas de manera intencional dentro de un vínculo íntimo, configurando una situación de dominación objetiva.

En contraste, los tres jueces que votaron en contra calificaron la medida como un hecho sin precedentes dentro de la tradición del derecho anglosajón. El grupo disidente manifestó su preocupación respecto a la falta de consideración de la jurisprudencia comparada y de la doctrina especializada durante la formulación de esta figura. Asimismo, advirtieron que la resolución introduce un escenario de incertidumbre jurídica, debido a las escasas directrices disponibles para delimitar el alcance del control coercitivo y para determinar los montos económicos de las indemnizaciones.

La resolución judicial generó inmediatas reacciones entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. Desde la agrupación de defensa West Coast LEAF destacaron el dictamen como un avance trascendental en la mitigación de las brechas de discriminación que enfrentan las sobrevivientes de dinámicas de abuso. A su vez, la fiscal general de la Columbia Británica valoró el fallo al señalar que complementará las políticas provinciales vigentes orientadas a remover barreras sistémicas y legales en la protección familiar y el uso no consentido de imágenes íntimas. En una línea similar, el poder legislativo de Nuevo Brunswick tramita actualmente una reforma para suprimir los plazos de prescripción en las demandas civiles vinculadas a agresiones de pareja.

Este cambio jurisprudencial surge a partir del caso Ahluwalia contra Ahluwalia, que involucró a una mujer sometida a dieciséis años de agresiones físicas, humillaciones, aislamiento de su entorno familiar, presiones de carácter sexual y control de sus finanzas personales. Aunque el juzgado de primera instancia validó inicialmente la existencia de este perjuicio legal bajo la figura de violencia familiar, el Tribunal de Apelación de Ontario revocó posteriormente de manera unánime dicha postura, señalando que el ordenamiento no debía reconocer este delito civil.

Vea sentencia Corte Suprema de Canadá.