Justicia argentina valida protocolo que permite a reclusos acceder a la educación superior

Un Juzgado de Salta (Argentina) validó el acuerdo alcanzado en el marco de una acción de hábeas corpus colectivo de carácter correctivo. La decisión homologó el denominado Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad, instrumento diseñado para normar la organización, funcionamiento y resguardo de las actividades académicas universitarias en el sistema carcelario provincial.

La causa fue promovida por una organización gremial en representación de reclusos alojados en recintos penitenciarios locales. El objetivo fundamental consistió en frenar el deterioro de las condiciones de reclusión provocado por prácticas que vulneraban de forma reiterada el derecho a la educación universitaria de quienes se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad.

Tras admitirse la tramitación del hábeas corpus e inscribirse en el Registro de Procesos Colectivos, el tribunal efectuó diversas audiencias e inspecciones en las dependencias carcelarias. En dichas instancias intervinieron los propios internos de manera directa o mediante delegados elegidos por la misma comunidad penal.

La reglamentación adoptada busca articular el ejercicio formativo con las exigencias de seguridad pública, orden interno, disciplina y gestión eficiente de recursos. El texto prohíbe explícitamente tratos denigrantes o bloqueos injustificados a las clases, excluye privilegios y consagra la protección integral de derechos bajo los principios de progresividad y no regresividad para toda la comunidad penitenciaria y docente.

Para velar por la efectividad de las medidas, el protocolo dispone la creación de la Comisión de Seguimiento Universitario. Este órgano tendrá una integración plural que incorporará obligatoriamente a dos representantes del alumnado en encierro, asegurando la representación tanto de la unidad carcelaria masculina como de la femenina.

Finalmente, el compromiso contempla la fiscalización externa a cargo del Comité Provincial contra la Tortura y un programa de formación obligatoria para el personal penitenciario en materia de derechos humanos y buenas prácticas. Asimismo, se implementará material informativo dentro de las cárceles para difundir los derechos y deberes de los estudiantes.

Vea texto del protocolo.