Justicia argentina ordena pagar compensación económica a madre por labores domésticas y de cuidado de su hija

El Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia (Argentina) ordenó un pago de 38 millones (unos 23 millones de pesos chilenos) a favor de una mujer tras el quiebre de una convivencia de 28 años. La resolución judicial determinó que la demandante postergó su desarrollo laboral y profesional para asumir las tareas domésticas y la crianza de la hija común de la pareja, lo que generó un desequilibrio económico sustancial al momento de la separación.

La relación de pareja comenzó en 1996 y finalizó en 2024. Al inicio del vínculo, ambos integrantes realizaban labores remuneradas. Sin embargo, en el año 2011, la afectada renunció a su empleo en el sector farmacéutico para dedicarse de forma exclusiva al cuidado del hogar. Adicionalmente, colaboró en los distintos negocios comerciales de su pareja mediante labores de limpieza y atención de público, actividades que no se tradujeron en remuneraciones ni en independencia financiera.

Tras el término de la convivencia, la demandante debió recurrir a trabajos de limpieza por horas en domicilios particulares y recibir asistencia económica de sus familiares directos debido a la insuficiencia de sus ingresos. En contraste, el demandado opuso resistencia a la acción civil argumentando que sus ingresos mensuales no superaban los dos millones de pesos, que continuaba asumiendo los gastos de la propiedad donde reside su expareja y que la mujer mantiene la capacidad de generar recursos propios.

La sentencia judicial estableció que el objetivo de esta prestación no es la división de bienes ni la equiparación de patrimonios, sino corregir la desventaja económica provocada por el diseño de la organización familiar. Los informes técnicos incorporados al proceso confirmaron que la dinámica del hogar asignó de forma exclusiva el rol de proveedor al hombre, limitando las oportunidades de capacitación y reinserción laboral de la mujer, quien al momento de las evaluaciones tenía 51 años.

Para determinar el monto final, el tribunal evaluó la extensión temporal de la vida en común, la falta de experiencia laboral acumulada y la devaluación monetaria. Aunque la demanda original ingresó por una cifra menor, la actualización de los valores solicitada durante el juicio llevó a fijar el pago único en 38 millones de pesos para cumplir con la finalidad de restituir el equilibrio económico entre las partes.

Vea sentencia tribunal argentino.