Julio Iglesias demanda a vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, y exige una indemnización de 50.000 euros

El cantante Julio Iglesias presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de España en contra de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, y solicitó una indemnización de 50.000 euros.

La acción fue interpuesta directamente ante el máximo tribunal debido a la condición de aforada de la vicepresidenta. El procedimiento se inició luego de que Díaz no atendiera el requerimiento previo formulado por Iglesias para que rectificara públicamente una serie de declaraciones difundidas inicialmente a través de redes sociales y reiteradas posteriormente durante una entrevista televisiva.

El origen del conflicto se remonta al 13 de enero, cuando la ministra compartió una información titulada «Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales» y agregó el comentario: «Escalofriantes testimonios. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente».

Las acusaciones formuladas por antiguas trabajadoras dieron lugar a una denuncia contra el cantante, que no fue admitida por la Fiscalía al considerar que carecía de competencia para investigar los hechos.

Antes de recurrir al Tribunal Supremo, Iglesias promovió una petición de conciliación mediante la cual solicitó a Díaz que retirara sus declaraciones y reconociera públicamente su carácter lesivo. Sin embargo, ante la falta de rectificación, el artista decidió formalizar la demanda.

La representación del cantante también cuestionó las expresiones realizadas por la vicepresidenta al día siguiente de la publicación en redes sociales, durante una entrevista televisiva en la que se abordaron las acusaciones de las extrabajadoras.

En esa oportunidad, Díaz sostuvo que las mujeres se encontraban «en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias».

«La investigación da terror, da pánico; se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», agregó la ministra.

Para la defensa de Iglesias, esas expresiones no constituyeron una simple valoración sobre una información periodística, sino que presentaron como ciertos hechos que no habían sido acreditados judicialmente y transmitieron a la opinión pública claros prejuicios de culpabilidad en contra del artista.

En el escrito previo presentado en febrero, la representación de Iglesias reprochó a Díaz que, en su calidad de alta autoridad del Estado, afirmara públicamente que en la residencia del cantante se habían cometido abusos sexuales, que sus trabajadoras vivían sometidas a una situación de esclavitud y que en ese lugar se vulneraban sistemáticamente derechos fundamentales.

El cantante sostiene que esas afirmaciones fueron gravemente injuriosas y calumniosas y dieron lugar a un juicio paralelo promovido por una autoridad pública al margen de cualquier procedimiento judicial.

Según plantea la demanda, las declaraciones de la vicepresidenta lesionaron el honor, la imagen y la reputación social de Julio Iglesias. Por ello, además de exigir el pago de 50.000 euros como compensación, el artista solicita que Díaz reconozca públicamente el carácter ofensivo de sus expresiones.