Juez de EE.UU. bloquea suspensión de fondos federales para asistencia familiar en cinco Estados

Un juez del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) dictó una orden de restricción temporal que suspende por un periodo de dos semanas la resolución del gobierno federal de retener transferencias económicas destinadas a programas de asistencia familiar en cinco estados. La resolución judicial responde a una acción de emergencia presentada por California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, luego de que el gobierno federal anunciara la interrupción de los flujos financieros argumentando la existencia de posibles irregularidades y fraudes en la gestión de los recursos.

El conflicto legal se centra en tres instrumentos de financiamiento específicos: el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y la Subvención Global para Servicios Sociales. Estos programas están diseñados para subsidiar servicios de cuidado infantil, alimentación, vivienda y capacitación laboral para sectores de la población con menores ingresos. Según estimaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la medida administrativa afectaría la distribución de aproximadamente 10 mil millones de dólares anuales destinados a las jurisdicciones estatales involucradas.

Además del congelamiento de activos, la autoridad federal solicitó a los estados la entrega de información personal, incluyendo nombres y números de Seguro Social, de los beneficiarios de estos programas desde el año 2022. Mientras que el Ejecutivo justifica esta petición como una medida necesaria para garantizar la responsabilidad fiscal y la integridad de los fondos públicos, los estados recurrentes alegan ante el tribunal que el requerimiento carece de sustento probatorio suficiente y podría vulnerar principios constitucionales sobre la identificación de ciudadanos.

Las posturas oficiales presentan una divergencia técnica y política significativa. Desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos se insiste en que la suspensión es un acto de cumplimiento de requisitos federales para asegurar que los recursos se utilicen según su fin legal previsto. Por su parte, las fiscalías generales de los estados afectados sostienen que la decisión administrativa se tomó sin la autorización del Congreso y que la interrupción inmediata de los fondos impactará la ejecución de las políticas públicas locales de combate a la pobreza y protección a la infancia.

Vea orden judicial.