Inteligencia artificial obliga a repensar la formación de abogados

La inteligencia artificial generativa ya cambió el trabajo de los abogados. Desde fines de 2022, cuando estas herramientas comenzaron a ser usadas por el público general, dejaron de ser una novedad tecnológica y empezaron a formar parte del trabajo diario de estudios jurídicos, empresas y también de algunos tribunales.

Juan Pablo Altmark explica que esta tecnología puede ser muy útil para la profesión legal, pero advierte que también puede generar problemas importantes si se usa sin reglas claras. Entre los principales riesgos están citar sentencias que no existen, ingresar información confidencial de clientes en plataformas inseguras y afectar la formación de los abogados jóvenes.

Uno de los cambios más evidentes está en la redacción de documentos y en la investigación jurídica. Antes, preparar un contrato modelo, redactar un informe legal o adaptar una cláusula a un caso concreto podía tomar varias horas. Hoy, con ayuda de inteligencia artificial, esas tareas pueden hacerse en pocos minutos.

Sin embargo, esto no significa que la inteligencia artificial reemplace al abogado. Lo que cambia es el tipo de trabajo que debe hacer el profesional. Ahora el abogado debe revisar con cuidado el texto generado, comprobar que las fuentes sean reales, corregir errores, ajustar el lenguaje y verificar que el documento sirva para la estrategia del caso.

La inteligencia artificial también puede ayudar a revisar contratos largos, resumir sentencias extensas, ordenar grandes cantidades de documentos en procesos de due diligence o discovery, y sugerir argumentos jurídicos que el abogado quizás no había considerado. Esto permite trabajar más rápido y con mayor alcance, pero también obliga a estar más atento a errores nuevos.

Uno de los errores más graves es creer que un modelo de lenguaje, conocido como LLM, funciona igual que un buscador de jurisprudencia. No es así. Un LLM no “sabe” derecho ni verifica por sí mismo si una sentencia existe. Su funcionamiento consiste en predecir qué palabra o frase puede venir después de otra, a partir de enormes cantidades de texto con las que fue entrenado.

Por eso, si se le pide una sentencia y el sistema no cuenta con información real sobre ella, puede inventar una respuesta que parezca correcta. A eso se le llama “alucinación”. En el derecho, este problema es especialmente serio, porque puede llevar a citar fallos, normas o antecedentes falsos.

Para buscar jurisprudencia deben usarse herramientas preparadas específicamente para eso, como bases de datos jurídicas, sistemas de búsqueda documental o plataformas que combinan inteligencia artificial con fuentes verificadas, mediante técnicas como RAG. Usar un asistente de redacción como si fuera una base de datos legal es un error conceptual y, según Altmark, un riesgo que muchos estudios jurídicos y departamentos legales todavía no dimensionan.

Por esta razón, sostiene que todo estudio jurídico debería tener una política escrita sobre el uso de inteligencia artificial. Esa política no debe ser un simple documento interno, sino una guía práctica para evitar riesgos profesionales, legales, reputacionales e incluso eventuales responsabilidades civiles.

La regla principal debe ser clara: ningún documento hecho con inteligencia artificial debería salir del estudio sin que antes lo revise un abogado responsable. Solo podrían existir excepciones en tareas muy repetitivas y de bajo riesgo, como la elaboración masiva de notificaciones estandarizadas. En esos casos, la revisión puede hacerse sobre el diseño del sistema y sobre muestras del resultado.

Además, esa política interna debe considerar la formación de los abogados jóvenes. Debe definir qué tareas deben hacer sin ayuda de inteligencia artificial, cuándo pueden empezar a usar estas herramientas y qué espacios deben mantenerse para leer, escribir, discutir y aprender derecho de manera tradicional.

Altmark advierte que una búsqueda excesiva de eficiencia puede salir cara. Formar a un abogado requiere tiempo. Un abogado joven aprende leyendo sentencias completas, no solo resúmenes; redactando escritos que luego serán corregidos por abogados con más experiencia; y buscando jurisprudencia hasta entender cómo se construye un argumento jurídico.

Ese proceso puede parecer lento y poco eficiente, pero es indispensable. De ahí surgen los futuros abogados semi senior, senior, líderes de equipo y eventuales socios de un estudio jurídico.

El riesgo es que los abogados jóvenes pidan a la inteligencia artificial el primer borrador de todo, el resumen de cada fallo y la búsqueda de cada precedente. Si eso ocurre, podrían aprender a usar la herramienta, pero no aprender a pensar jurídicamente por sí mismos.

El problema no sería solo que dependan de la tecnología. También podrían perder la capacidad de revisar lo que la inteligencia artificial produce. Si nunca aprendieron a construir un argumento desde cero, será difícil que puedan detectar cuándo una respuesta está mal, cuándo una cita es falsa o cuándo una estrategia jurídica no tiene sustento.

Por eso, la consecuencia no sería solo formativa, sino también estructural para la profesión legal.

Otro punto central es la confidencialidad. El uso de inteligencia artificial toca directamente el secreto profesional y la confianza entre abogado y cliente. Por eso, Altmark sostiene que deben utilizarse únicamente versiones empresariales o profesionales de estas herramientas, configuradas para que los datos ingresados no sean usados para entrenar el sistema y respaldadas por contratos claros y verificables.

La inteligencia artificial también puede ser muy relevante para la justicia. Por ejemplo, el sistema judicial arrastra desde hace años un problema de lentitud en los procesos. La IA podría ayudar a reducir esos tiempos mediante la clasificación inteligente de expedientes, la búsqueda asistida de antecedentes, la transcripción de audiencias, el análisis automatizado de documentos y el apoyo en la elaboración de proyectos de resolución en casos simples o repetitivos.

Esto puede mejorar el acceso a la justicia, entendido como la posibilidad de recibir una respuesta judicial oportuna e imparcial. Pero la incorporación de inteligencia artificial en los tribunales debe hacerse con cuidado.

Hay una línea que no debe cruzarse: la decisión judicial corresponde siempre al juez. La inteligencia artificial puede ordenar información, sugerir caminos o ayudar a preparar un borrador, pero no puede valorar la prueba, interpretar la norma aplicable al caso concreto ni tomar la decisión final.

Los proyectos de resolución hechos con ayuda de inteligencia artificial deben entenderse como un borrador elaborado por un funcionario judicial. El juez debe leerlos, revisarlos, corregirlos si es necesario y asumir plenamente su responsabilidad intelectual.

Frente a esta transformación, Altmark plantea que no sirve rechazar por completo la inteligencia artificial ni aceptarla sin límites. Ambas posturas son equivocadas. La IA generativa probablemente sea la herramienta más poderosa que ha recibido la profesión jurídica en al menos un siglo, y ya está cambiando la forma en que trabajan los abogados, cómo funcionan los estudios jurídicos, cómo se administra justicia y cómo se forman las nuevas generaciones.

Pero el derecho no consiste solo en producir textos. Su núcleo está en razonar, actuar con prudencia, comprender el contexto, evaluar éticamente una situación y decidir en escenarios de incertidumbre. Esas tareas siguen siendo humanas.

Por eso, la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta para apoyar y mejorar el trabajo de abogados, jueces, fiscales y juristas. No debe transformarse en un reemplazo ni en un sistema al que se delegue aquello que define a los profesionales del derecho.

El desafío de los próximos años será usar esta tecnología para mejorar la calidad del servicio jurídico, ampliar el acceso a la justicia y hacer más eficiente el trabajo legal, sin perder el pensamiento jurídico, la responsabilidad profesional ni el rol humano en la toma de decisiones.