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Requisitos más estrictos
India aprueba reforma legal que restringe procedimientos de cambio de género
La normativa introduce un sistema de verificación estatal que sustituye el principio de autodeterminación reconocido anteriormente por la jurisprudencia constitucional. El texto establece procedimientos administrativos ante juntas médicas y magistrados, al tiempo que redefine categorías de género bajo un solo concepto legal. Además, se incorporan tipos penales específicos relacionados con la inducción de la identidad y se prescinde de las recomendaciones técnicas emitidas por comités de expertos.

La presidenta de India, Droupadi Murmu, ratificó la Ley de Enmienda de 2026 sobre la Protección de los Derechos de las Personas Transgénero, tras su aprobación por votación a viva voz en las dos cámaras del Parlamento el pasado 25 de marzo. Esta legislación modifica el marco regulatorio vigente para el reconocimiento legal de la identidad de género en el país asiático, estableciendo nuevos requisitos administrativos para quienes soliciten la acreditación oficial de su identidad ante las autoridades correspondientes.
La nueva normativa dispone que las personas transgénero deben completar un proceso de verificación que incluye la evaluación de una junta médica y la certificación por parte de un magistrado de distrito. Este procedimiento técnico reemplaza el modelo de autodeterminación personal que había sido delineado por la Corte Suprema de India en el fallo NALSA contra la Unión de la India de 2014. Aquella sentencia establecía que la identidad de género formaba parte de la autonomía individual y no requería de intervenciones o validaciones médicas obligatorias para su reconocimiento legal.
En cuanto a las definiciones legales, la enmienda acota el término transgénero a variaciones biológicas y categorías socioculturales determinadas, eliminando la distinción autónoma para las personas intersexuales, quienes quedan integradas en la categoría general. Asimismo, el texto legal incorpora sanciones penales que contemplan penas de hasta cadena perpetua para los casos en que se compruebe el uso de fuerza o inducción para que un individuo o un menor de edad se presente como transgénero ante la sociedad.
El proceso legislativo avanzó sin incorporar las sugerencias de un comité de expertos designado por la Corte Suprema, el cual había solicitado el retiro del proyecto para profundizar en las consultas con los sectores involucrados. Durante el debate parlamentario, sectores de la oposición cuestionaron la celeridad de la tramitación y la falta de remisión del documento a comisiones permanentes de estudio.
Por su parte, el Tribunal Superior de Rajastán manifestó que las modificaciones en la ley no pueden comprometer las garantías constitucionales ya fijadas por precedentes judiciales superiores, lo que abre la posibilidad de revisiones judiciales futuras.
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