Illinois (EE.UU) promulga ley que establece régimen de responsabilidad para empresas de inteligencia artificial

El gobernador del Estado de Illinois (Estados Unidos) promulgó una nueva legislación que regula de forma directa a las compañías tecnológicas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial. La medida apunta de manera específica a las firmas que crean las plataformas más complejas y de mayor costo operativo en el mercado actual.

La normativa establece que las corporaciones del sector tecnológico deberán elaborar y difundir informes de transparencia cada vez que pongan en funcionamiento un sistema nuevo o actualicen de forma profunda uno ya existente. Estos documentos tienen que detallar las capacidades técnicas de las herramientas, el cumplimiento de los protocolos de protección del sector y la preparación interna frente a eventuales fallos de seguridad o peligros a gran escala.

Una de las principales novedades de este cuerpo legal es la obligación de realizar revisiones de seguridad de carácter anual, las cuales estarán a cargo de consultores externos e independientes. Los informes resultantes de estos exámenes de control técnico deberán ser de acceso público, un requisito que no se había implementado previamente en otras normativas estatales sobre esta materia.

La fiscalía general del estado quedó facultada para aplicar castigos financieros a las organizaciones que no cumplan con estas obligaciones. Las sanciones económicas parten en un millón de dólares por la primera falta detectada y se elevan hasta los 3 millones de dólares en caso de reiteración. El texto también incorpora mecanismos oficiales para facilitar denuncias internas y proteger la identidad y el empleo de los trabajadores que reporten malas prácticas.

Durante la presentación de la normativa, las autoridades estatales argumentaron que las medidas no buscan frenar el avance de la tecnología, sino garantizar que los usuarios cuenten con información clara sobre las herramientas que utilizan. Asimismo, los impulsores del proyecto señalaron la necesidad de actuar a nivel local ante la ausencia de un marco regulatorio uniforme a nivel federal.

Con esta decisión, la jurisdicción se suma a los pasos dados por otros territorios como Nueva York y California, que ya cuentan con leyes orientadas a limitar el impacto negativo de los sistemas que superan ciertos niveles de procesamiento de datos o montos de inversión.

Vea texto aprobado.