Google pacta pago de USD 68 millones para cerrar demanda colectiva por presuntas vulneraciones a la privacidad

Google, controlada por Alphabet, habría alcanzado un acuerdo por 68 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que la acusó de vulnerar la privacidad de usuarios de teléfonos inteligentes mediante el funcionamiento de su asistente activado por voz, Google Assistant.

La conciliación preliminar fue presentada ante el United States District Court for the Northern District of California, con sede en San José, y quedó sujeta a la aprobación de la jueza federal Beth Labson Freeman, según consta en los antecedentes incorporados al expediente judicial.

La acción fue promovida por usuarios que sostuvieron que Google grabó y divulgó conversaciones privadas sin consentimiento, luego de que el asistente de voz se activara de manera involuntaria. De acuerdo con la demanda, dichas grabaciones habrían sido utilizadas para enviar publicidad dirigida, en contravención a las normas de privacidad y protección de datos personales.

Google Assistant está diseñado para activarse al detectar comandos como “Hey Google” u “Okay Google”. Sin embargo, los demandantes alegaron que el sistema interpretó erróneamente expresiones cotidianas como si fueran palabras clave, generando activaciones no deseadas, fenómeno que denominaron “aceptaciones falsas”.

El acuerdo alcanzaría a las personas que compraron dispositivos Google o que estuvieron expuestas a activaciones erróneas de Google Assistant desde el 18 de mayo de 2016. El fondo total de la conciliación asciende a USD 68 millones, monto que será distribuido entre los integrantes de la clase, una vez descontados los honorarios y gastos asociados al proceso.

En los términos del acuerdo, Google no admitió responsabilidad ni reconoció la comisión de irregularidades, aunque habría optado por resolver el litigio para evitar los riesgos, costos e incertidumbres de un juicio prolongado. El expediente continúa en tramitación y, una vez aprobado el acuerdo preliminar, se abrirá un período para que los usuarios comprendidos puedan formular objeciones o solicitar su exclusión, conforme al procedimiento habitual en este tipo de acciones colectivas.