Gobierno español impulsa reforma para constitucionalizar el aborto en el artículo 43 de la Carta Magna

Tras la polémica por el fallido intento del Ayuntamiento de Madrid de informar sobre el síndrome post aborto, el Gobierno de España anunció que impulsará una reforma constitucional para reconocer expresamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa busca incorporarlo en el artículo 43, relativo a la protección de la salud, evitando así la compleja vía de modificar el artículo 15, que reconoce el derecho a la vida.

El Ejecutivo pretende añadir un nuevo apartado cuarto al artículo 43 con la siguiente redacción: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. El precepto se incluiría en el Título I de la Constitución, dentro del capítulo dedicado a los principios rectores de la política social y económica.

La tramitación se realizará mediante el procedimiento que exige mayoría de tres quintos en Congreso y Senado, o bien dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado en caso de desacuerdo. Además, requiere informe del Consejo de Estado y, eventualmente, podría ser sometida a referéndum si lo solicita al menos una décima parte de diputados o senadores.

El Gobierno sostiene que la reforma refuerza el sistema de protección vigente y la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha vinculado el aborto con derechos como la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral, la igualdad territorial y la obligación de los poderes públicos de remover obstáculos para la igualdad real. Asimismo, busca consolidar la garantía de que todas las comunidades autónomas cuenten con al menos un hospital público de referencia para estas intervenciones.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas en sectores políticos y académicos. Se advierte que integrar el aborto como prestación sanitaria ordinaria podría banalizar su práctica y limitar la objeción de conciencia de los profesionales. Además, algunos juristas alertan de que usar un procedimiento de reforma simplificado para una materia que afecta al contenido del derecho a la vida supone un vaciamiento de garantías constitucionales y abre la puerta a un “nominalismo jurídico” que deja la Carta Magna a merced de la voluntad política.

Finalmente, opositores califican la iniciativa como un paso hacia una “Constitución de partido”, que excluiría a millones de españoles que siguen defendiendo la protección del nasciturus, poniendo en riesgo el consenso constitucional alcanzado durante la transición democrática.