Gobierno de EE.UU. establece que extranjeros deben solicitar residencia permanente desde sus países de origen

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos emitió una nueva directriz que modifica los criterios para acceder a la residencia permanente legal en Estados Unidos. A través del Memorando de Política PM-602-0199, fechado el 21 de mayo de 2026, la autoridad establece que el proceso ordinario para obtener la tarjeta de residencia debe realizarse por la vía consular en el extranjero.

Esta determinación impacta directamente a cerca de medio millón de extranjeros que anualmente tramitan el ajuste de estatus sin salir del país, grupo que incluye a cónyuges de ciudadanos estadounidenses, estudiantes y titulares de ciertas visas laborales. De acuerdo con el documento oficial, el ajuste de estatus interno comenzará a ser considerado como un recurso discrecional de carácter desfavorable, en lugar de una opción general.

El gobierno justificó la medida bajo el argumento de que tramitar los permisos desde los países de origen disminuye la permanencia irregular de aquellas personas cuyas solicitudes son rechazadas. La normativa contempla excepciones limitadas para refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de programas humanitarios específicos y portadores de visas de doble intención, como la H-1B, sin especificar aún los plazos de implementación para las causas que se encuentran pendientes de resolución.

La base legal de la medida descansa en la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual otorga facultades discrecionales al Ejecutivo para regular este beneficio. No obstante, especialistas y exautoridades migratorias afirman que el texto legal no califica este procedimiento como un alivio extraordinario, término que introduce el nuevo memorando.

Por este motivo, defensores de los derechos de los migrantes sostienen que la interpretación de la agencia gubernamental excede los estándares fijados por el Congreso y restringe de manera injustificada un derecho contemplado en la legislación vigente. La resolución abre un escenario de disputa judicial respecto a los límites de la discrecionalidad administrativa en Estados Unidos.

Diversos juristas anticipan demandas basadas en la Ley de Procedimiento Administrativo, argumentando que una modificación de este alcance requería un proceso previo de consulta pública y notificación. Por su parte, el organismo estatal defenderá la validez del memorando calificándolo como una norma interpretativa exenta de dichos requisitos, amparándose en precedentes judiciales recientes sobre el alcance de las facultades de las agencias federales.

Vea texto del memorando.